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La Junta acelera en marzo el abono de facturas a proveedores y reduce el periodo medio de pago

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Hacienda estima que el plazo medio para pagar a sus suministradores se situó en 16 días, 10 menos que en febrero


El Gobierno andaluz, una vez declarado el estado de alarma, instó a las consejerías y entidades instrumentales de la Junta a realizar un esfuerzo adicional para acelerar el pago de facturas a proveedores en el mes de marzo y evitar, en la medida de lo posible, mayores perjuicios a los sectores económicos afectados por la crisis generada por el Covid-19.

Como resultado de ello, y según las primeras estimaciones realizadas en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía y sus entidades sometidas a contabilidad presupuestaria -que representan un 80% del global de operaciones comerciales de la comunidad autónoma-, el periodo medio de pago del mes de marzo se situó en torno a los 16 días, lo que representa una disminución de 10 días respecto al mes de febrero.

Especialmente reseñable es el esfuerzo realizado en el ámbito sanitario, donde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recortado su periodo medio de pago en 14 días en comparación con el mes anterior.

Si solo se tiene en cuenta el comportamiento de la Administración General de la Junta de Andalucía, el periodo medio de pago se situó en 13,82 días en marzo, lo que implica un descenso de más de 13 días frente a febrero y denota el esfuerzo realizado para dotar de liquidez a sus suministradores.

Casi el 90% de las facturas que se reciben en la Administración autonómica entran en formato electrónico, circunstancia que, unida al acceso de forma telemática al sistema contable y tesorero GIRO que se ha proporcionado desde el departamento de Transformación Digital de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para seguir trabajando desde casa, está permitiendo no solo que no se estén produciendo incidencias ni retrasos en los pagos, sino que se esté acelerando la tramitación de los mismos.

Reducción del tiempo de pago a los sectores más vulnerables

Desde Hacienda se ha lanzado la misma directriz de agilización para reducir, al menor tiempo posible, los pagos en garantía, ya que estos abonos afectan a los sectores más sensibles y afectados por la crisis sanitaria. Cabe recordar que la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones establece por decreto en 20 días el plazo de pago de determinados gastos realizados en los sectores prioritarios de la salud, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que se ha realizado un importante esfuerzo por continuar el pago a sus proveedores, fundamentalmente pequeñas empresas.

Así, en el mes de marzo se han realizado pagos garantizados por un importe total de 564,21 millones de euros, tramitándose 139.639 obligaciones económicas. Este importe se ha distribuido en 290,47 millones de euros en sanidad, 169,17 millones de euros en educación y 104,57 millones de euros en bienestar social y empleo. Es de destacar que el 98% del importe total garantizado se ha abonado dentro de los plazos reducidos establecidos en el Decreto 5/201, si bien el tiempo medio de tramitación de las obligaciones pagadas en el mes de marzo se ha situado en 10,61 días.

Renta Mínima de Inserción Social

Por otra parte, desde el 15 de octubre de 2019, la Renta Mínima de Inserción Social fue incluida en el ámbito de aplicación del Decreto de garantía de los tiempos de pago, gozando de unos plazos de pago reducidos, como un elemento impulsor y vertebrador para la integración social y laboral de las personas con especial vulnerabilidad

La comunidad andaluza, como respuesta a la actual crisis sanitaria y social, continúa ejecutando medidas tendentes no solo a la protección de los acreedores, sino también actuaciones de carácter extraordinario y urgente en el ámbito social con el objetivo de dar respuesta inmediata a las situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, la Junta aprobó el pasado 30 de marzo la resolución de los expedientes de Renta Mínima de Inserción Social dando por cumplidos los requisitos de todas las solicitudes en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, lo que se traducirá en la agilización de los pagos a todas las personas perceptoras.

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