El Plan Anual contempla la aprobación de 87 iniciativas, de las que 12 son proyectos de ley y 75 decretos
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha presentado ante el Plan Anual Normativo 2018, del que ha avanzado que se trata de un «ambicioso» paquete legislativo. Según ha indicado, este tiene una «finalidad bien clara», que pasa por «contribuir a que nuestra comunidad continúe la senda emprendida de desarrollo social y económico, así como de creación de empleo digno y de calidad, a fin de avanzar en derechos y hacia un Estado del bienestar más justo y sólido».
En este sentido, ha explicado que el conjunto de normas previstas en el Plan están orientadas a «fomentar y mejorar los servicios públicos; garantizar y preservar los derechos de la ciudadanía; contribuir a la dinamización de la actividad económica y al impulso de los sectores productivos, así como avanzar en la mejora administrativa y la simplificación de procesos». Con esta «vocación», ha indicado que el Gobierno andaluz aprobó su segundo Plan Normativo el pasado mes de marzo que contempla la aprobación de un total de 87 iniciativas de las que 12 son proyectos de ley y 75 decretos.
Del conjunto de normas, el vicepresidente ha destacado aquellas que «van a contribuir a apuntalar la salida de la crisis, potenciando la economía y la creación de empleo». Entre ellas, se ha referido al proyecto de ley que modificará la ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía; la modificación de la Ley Andaluza de Universidades; el proyecto de ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía, o el proyecto de ley de Caminos Rurales de Andalucía.
Junta a estas iniciativas legislativas, también ha indicado que el Plan Normativo 2018 prevé la aprobación del decreto de impulso a la minería para seguir haciendo de este un sector competitivo; el decreto de simplificación de normas en materia de energía, o la modificación del Reglamento de Sociedades Cooperativas Andaluzas, con el objetivo de facilitar el emprendimiento colectivo.
Igualmente, ha avanzado que el Gobierno andaluz potenciará el derecho a emprender que reconoce la ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento mediante la aprobación del decreto que aprobará el Estatuto de Persona Emprendedora Rural y que, también, se llevará a cabo la regulación de los Planes Integrales de las Dehesas con el objetivo de que estas se gestionen de manera global y racional.
Con el fin de crear un órgano de diálogo permanente con las organizaciones del Trabajo Autónomo, el vicepresidente ha avanzado que el Gobierno impulsará el decreto que establecerá la composición y funcionamiento del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
En materia urbanística, se ha referido a la aprobación mediante decreto del Plan de Establecimientos Comerciales que tiene como finalidad contribuir a la localización eficiente de las grandes superficies minoristas. De igual modo, ha señalado que, para una mayor calidad y profesionalización del sector, se modificará el decreto de Guías de Turismo.
Oferta de Empleo Público
El vicepresidente ha hecho hincapié en la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2018 que se prevé contenga un total de 2.100 plazas para la prestación de servicios que se consideren fundamentales y que se suma a las 2.404 plazas ya convocadas recientemente para personal docente. Además, ha avanzado que se aprobará la oferta adicional que complementa a la del 2017 para la estabilización del empleo temporal en la Administración andaluza, de las que ya se han convocado 3.000 plazas en el ámbito educativo, el pasado 3 de abril.
Otro de los aspectos que ha destacado el vicepresidente es la voluntad del Gobierno andaluz de «fomentar el diálogo, como factor ineludible de la cohesión social y el progreso económico» y que, para ello, va a impulsarse este año la elaboración y aprobación del proyecto de ley de participación Institucional y Diálogo Social de Andalucía. En su opinión, esta norma «permitirá hacer efectiva la participación de la sociedad en el proceso de toma de decisiones de naturaleza socioeconómica, a la vez que avanzar en el camino de la buena gobernanza económica».
Con el mismo objetivo de «facilitar la participación ciudadana en la vida política», ha señalado que el Gobierno andaluz regulará mediante decreto los procesos de participación ciudadana, una vez que ya se ha aprobado la Ley de Participación ciudadana de Andalucía por el Parlamento.
En esta misma línea y con el fin de «mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, así como de garantizar e implementar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración andaluza», ha destacado que el Gobierno andaluz contempla la aprobación del decreto que regule el modelo de relación de la Junta con la ciudadanía. Entre otros asuntos, la norma impulsará la reducción de cargas, la agilización de trámites y la implementación de la administración electrónica de la forma más respetuosa con los derechos de la ciudadanía.
En la misma línea, ha destacado que se impulsará el decreto que regulará la prestación de servicios avanzados para la ciudadanía a través del portal de la Junta y que se establecerá por decreto las bases para la implantación del sistema de evaluación de las políticas públicas de la Junta de Andalucía.
Mayor igualdad social
En su intervención, Jiménez Barrios ha subrayado que el Plan Normativo para 2018 se caracteriza por «seguir avanzando en la conformación de nuevos derechos en favor de una mayor igualdad en nuestra sociedad». Así, ha señalado que, junto a la aprobación del IV Plan Integral para la Inmigración en Andalucía y la creación del Consejo Andaluz de la Comunidad Gitana, el Gobierno andaluz va a continuar apostando por la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la violencia de género, con iniciativas como el proyecto de ley contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores en Andalucía.
También ha señalado que se regulará por decreto la Comisión Institucional de Andalucía de Coordinación y Seguimiento de Acciones para la Erradicación de la Violencia de Género con el fin de dar cabida al nuevo tejido asociativo surgido en la comunidad, así como a grupos de profesionales expertos para que asesoren a dicha Comisión. Asimismo, ha avanzado que se creará la ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género a efectos de reducir las trabas administrativas y facilitar las actuaciones ante el ejercicio de dicha violencia. Según ha indicado, esta fórmula innovadora en el conjunto del país que tan sólo existe de forma similar en el País Vasco.
De igual modo, ha indicado que el Gobierno andaluz promoverá la regulación del Consejo Andaluz LGTBI que «contribuirá a hacer más visibles a estas personas, además de facilitar el ejercicio de sus derechos civiles y sociales». Jiménez Barrios ha señalado también que la Junta impulsará los decretos que regularán el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad, así como el de la prestación económica de asistencia personal del Sistema de Atención a la Dependencia «a fin de fomentar la contratación de personas que faciliten a las personas en situación de dependencia para llevar una vida más autónoma». En favor de este colectivo, Jiménez Barrios ha informado de que el Ejecutivo andaluz impulsará el proyecto de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad en Andalucía y, para mejorar la protección de los animales de compañía en Andalucía, el Gobierno promoverá el proyecto de ley del bienestar de los animales de compañía.
En su intervención, se ha referido a otras iniciativas importantes como el proyecto de ley de Justicia Juvenil; el decreto que regulará la información que debe facilitarse en caso de transmisión del derecho de crédito derivado del contrato de préstamo o crédito hipotecario, en desarrollo de la ley de 2016 de esta materia, así como las normas para la creación del registro de cáncer de Andalucía y de la Comisión de coordinación del sistema andaluz de seguridad alimentaria.
Finalmente, el vicepresidente ha recordado el «compromiso» de la Junta con la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas por la represión franquista, por lo que se prevé en el Plan Normativo de 2018 el decreto del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, el Registro de Entidades de Memoria Democrática, así como la regulación sobre los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
En conjunto, ha señalado que se trata de «una ambiciosa previsión de trabajo para el presente año, centrada en los ciudadanos y en sus necesidades». En este punto, ha incidido en que el Plan de 2018 se ejecutará junto a las normas que han quedado pendientes del Plan Normativo del año anterior «que se mantiene vivo en tanto en cuanto se ultime su ejecución».
Balance de 2017
En este sentido, ha valorado el grado de cumplimiento alcanzado por el Plan de 2017 «tras la aprobación de un total de 138 normas de las 228 que lo conformaban». Según ha indicado, esta ejecución «supone 61% y alcanza el 81% si tenemos en cuenta aquellas otras leyes que se han aprobado inicialmente, como la Ley de Agricultura y la Ley de Juventud, remitidas ya a Informe del Consejo Consultivo, así como los decretos que se encuentran en fase de tramitación muy avanzada, y que serán aprobados en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno».
Así, ha recordado que de las 30 leyes planteadas, 13 han sido ya remitidas al Parlamento y otras 9 se han presentado en Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, y se encuentran pendientes de su remisión al Parlamento. Entre las remitidas al Parlamento se encuentran la ley por la que se establece el Derecho de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas en Andalucía; la ley andaluza de Fomento del Emprendimiento; la ley de Formación Profesional; las leyes que modifican la ley de medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género y la ley de promoción de la igualdad de género en Andalucía; la ley de Medidas frente al Cambio Climático; la ley del Cine de Andalucía o la ley Audiovisual de Andalucía.
Asimismo, de los 195 decretos definitivamente comprometidos, ha indicado que se han aprobado un total de 122, lo que significa «un grado de cumplimiento del 63%». Entre estos, se ha referido al decreto por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración; el decreto por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera; el decreto por el que se aprueba el programa de Fomento del Empleo Industrial o el decreto de Municipio Turístico de Andalucía, por citarles algunos de la extensa lista de estas iniciativas ya aprobadas y en plena vigencia.
En cuanto a los decretos-Ley, ha recordado que se han aprobado los tres planteados, lo que supone un 100% de ejecución. Se trata de los decreto-ley de medidas para la escolarización de la educación infantil; el que modifica la Ley del Deporte de Andalucía y el que regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
Finalmente, ha valorado que se trata de una producción normativa «profusa y concienzuda y que, nos sitúa como referente del conjunto de comunidades autónomas, no sólo por el volumen y número de estas iniciativas sino por la calidad y rigor con el que se legisla en materias y ámbitos que, en innumerables ocasiones, sitúan a Andalucía a la vanguardia y al nivel de los países de nuestro entorno más avanzados».
El vicepresidente ha concluido recordando que no se trata de valorar la producción normativa «al peso, sino saber la importancia social y la capacidad de resolver los problemas de la gente que tiene y, por supuesto, el rigor técnico para la garantía jurídica de los ciudadanos».
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