El vicepresidente urge al Ejecutivo central a que aborde la financiación autonómica y pone como ejemplo el acuerdo del Parlamento andaluz
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que la nueva estructura del Gobierno andaluz, surgida tras el decreto de la presidenta de 6 de junio de 2018, viene a reforzar, remarcar y acentuar la hoja de ruta que está desarrollando, desde el comienzo de la legislatura, para consolidar un nuevo modelo productivo orientado a la creación de riqueza y empleo de calidad, así como para que la recuperación económica llegue a las familias andaluzas.
El vicepresidente ha explicado, ante el pleno del Parlamento, que la reordenación del área económica, con la creación de la Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad, pretende aprovechar el impulso del nuevo ciclo económico para que Andalucía lleve a cabo un salto cualitativo y de competitividad.
Respecto a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública ha indicado que gestionará «de una manera centralizada y conjunta los principales retos económicos de Andalucía». Se adscriben a esta Consejería el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Agencia de Defensa de la Competencia, además de ejercer la vicepresidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, encargada de los planes y propuestas económicos o que afectan a la economía andaluza en su conjunto o a sectores relevantes.
El vicepresidente se ha mostrado convencido de que Ramírez de Arellano «sabrá encontrar las fórmulas más acertadas para sacar adelante los próximos presupuestos de 2019, así como para continuar con la senda de la vía del diálogo, interlocución y consenso de este Gobierno».
Reivindicaciones del Gobierno andaluz
Asimismo, ha apuntado que será el encargado de elevar las reivindicaciones del Gobierno andaluz, entre ellas, las inversiones que necesita Andalucía, la salida de la comunidad a los mercados financieros o la financiación autonómica. Jiménez Barrios ha anunciado que, una vez celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el consejero dará cuenta de los acuerdos a los diferentes grupos parlamentarios.
En este contexto, el vicepresidente ha reclamado al Gobierno central que aborde, «a la mayor brevedad posible», la reforma integral del actual sistema de financiación autonómica, que perjudica muy seriamente a Andalucía. Frente a los cambios puntuales que ha planteado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en las comunidades autónomas mediante acuerdos bilaterales, Jiménez Barrios ha defendido la necesidad de que este proceso se lleve a cabo con transparencia de los acuerdos y sobre la base de la igualdad de todos los territorios.
Aunque ha reconocido que no es tarea fácil, el vicepresidente ha puesto de ejemplo el acuerdo del Parlamento de Andalucía y todo los agentes económicos y sociales que puede ser «igualmente trasladable al Congreso de los Diputados». Se trata de una «reivindicación justa» de los intereses generales de Andalucía, y no de una cuestión partidista.
En relación con la Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad, el vicepresidente ha subrayado que se centrará en consolidar el nuevo modelo productivo basado en la investigación, el talento y el conocimiento. La consejera Lina Gálvez trabajará para que la economía andaluza gane competitividad y se dote de los» mecanismos necesarios que le permitan afrontar los cambios globales derivados de las nuevas tecnologías».
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por su parte, se hace cargo de la sociedad Parque Científico y Tecnológico Cartuja SA, «para seguir avanzando en el fomento del desarrollo del sector empresarial mediante la investigación, la tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las entidades y empresas ubicadas en los parques científicos y tecnológicos de Andalucía», apostilló.
En definitiva, ha subrayado Jiménez Barrios, la nueva estructura «refuerza la gestión y centra las prioridades de este Ejecutivo, orientadas al crecimiento económico, a la creación de empleo de calidad y a la recuperación de los derechos que se habían quedado en el camino durante la crisis».
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