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Tribunales.- La Policía señala que supuestos integrantes de la red de trata hablaban de las mujeres como “ganado”

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JAÉN, 26 (EUROPA PRESS)

Los responsables de la Policía Nacional encargados de desmantelar una trama de trata de mujeres en Jaén han declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia de Jaén que los supuestos integrantes de la misma conformaban un grupo criminal “perfectamente estructurado” y que hablaban de las mujeres a las que presuntamente explotaban sexualmente como “mercancía” y “ganado” al que “había que trasladar de un sitio a otro”.

El inspector de la Brigada contra la Trata de Seres Humanos, encargado de coordinar la operación, ha indicado en su declaración por videoconferencia que la organización estaba estructurada “a modo de clan familiar”, con un “claro reparto de funciones” que iba desde los captadores de las mujeres en Colombia, los que las preparaban para que pudieran entrar en España como turistas, los encargados de su transporte una vez en Madrid, así como las personas que una vez en los pisos las controlaban a efectos de tiempos e ingresos generados por servicios.

Según se desprende de la investigación, y tal y como se ha puesto de manifiesto en el juicio, la supuesta trama llevaba operando en Jaén desde hacía unos 15 meses. El negocio, pese a la pandemia y el estado de alarma iba en “auge” hasta el punto que estaban trabajando en abrir nuevos pisos en Torremolinos (Málaga) y Madrid, además de haber abierto ya otro en La Carlota (Jaén).

El responsable de la Brigada contra la Trata de Seres Humanos ha señalado que aunque algunas de las mujeres vinieron a España sabiendo que iban a ejercer la prostitución –otras lo hicieron “engañadas”–, la realidad es que había “un consentimiento viciado” porque “no tenían una información plena sobre en qué condiciones venían y a qué deuda se enfrentaban”.

De esta forma, las mujeres que llegaban, una de ellas menor de edad, lo hicieron contrayendo una deuda de unos 3.300 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Los servicios estaban perfectamente tasados, desde 100 euros la hora a 50 euros la media hora y 30 el cuarto de hora.

De cada servicio, el 60 por ciento se lo quedaba la organización, y del 40 por ciento restante, a las mujeres sólo le correspondían un 20 por ciento ya que el resto iba para gastos de mantenimiento de la casa y manutención.

De esta forma, lo que inicialmente creían una deuda de 1.000 euros que saldarían en unas dos semanas o poco más de un mes, una vez en España se convertía en 3.300 euros, que con los porcentajes “mínimos” que se llevaban por servicio era “muy difícil de saldar en poco tiempo”.

Los supuestos cabecillas de la red, una mujer y sus dos hijos, se encargaban de “tejer con cadenas invisibles” todo un sistema de control hacia las mujeres para asegurarse los beneficios de su explotación sexual y a la que presuntamente contribuían el conjunto de acusados.

LAS DECLARACIONES DE LAS VÍCTIMAS

En esta causa aparecen 21 mujeres víctimas de la explotación sexual, de las que seis son testigos protegidos. Ninguna de las 15 restantes se ha personado este martes en el juicio para prestar declaración como testigos ya que no se les ha podido localizar para citarlas.

Ante ello, el Ministerio Fiscal ha solicitado reproducir las declaraciones que algunas de ellas hicieron ante el juez instructor del caso, lo que ha valido la protesta de las defensas que han argumentado que el no poder interrogar a las testigos vulnera el derecho de defensa. No obstante el tribunal ha acordado que se reproduzcan en sala las declaraciones de estas mujeres, independientemente del valor que finalmente den a sus testimonios.

De los testimonios reproducidos, las mujeres coinciden en que vinieron a España movidas por “necesidad económica”. Algunas reconocen que sabían que venían a ejercer la prostitución y otras que lo hicieron “engañadas” pensando que venían a realizar trabajos domésticos.

Todas ellas señalan haber estado controladas y no haber tenido que entregar en ningún momento su documentación. Trabajaban normalmente los siete días de la semana y estaban disponibles las 24 horas, aunque a veces disponían de un día libre que perdían si en sus salidas –para las que tenían que pedir permiso– no respetaban el horario de llegada porque “ese era el castigo o también les aumentaban la deuda”.

Han señalado que sentían miedo por ellas y por sus familias en Colombia y de hecho, ninguna de ellas se ha presentado al acto del juicio a prestar declaración. Este miércoles será la declaración de las seis testigos protegidas con las que cuenta la causa.

Fue una de las mujeres víctimas de esta trata la que en su intento de huida se puso en contacto con su familia en Colombia para facilitarles su ubicación. Sus familiares lo denunciaron a la Policía colombiana y esta lo trasladó a la Policía Nacional. A partir de aquí, se puso en marcha un dispositivo policial en marzo de 2020 que culminó con detenciones y la puesta en libertad de varias mujeres víctimas de la prostitución, entre ellas una menor de edad.

Esta red se mantuvo operativa durante los primeros días del estado de alarma vigente en la pandemia. Pese a las restricciones de movilidad, el negocio siguió en auge e incluso algunas de las mujeres eran obligadas a desplazarse a domicilios privados para ejercer la prostitución.

El hilo de la investigación terminó imputando a 18 personas, aunque dos de ellas no se sentarán en el banquillo ya que una de ellas es un hombre que no ha sido procesado por estar en Colombia y el segundo ha sido excluido de ser juzgado por su estado mental.

A cada uno de los 16 acusados el Ministerio Fiscal les imputan 20 delitos de trata de seres humanos y uno más de trata de menores en concurso con un delito de prostitución. También les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra la salud pública.

Por todos ellos, los procesados se enfrentan a penas que suman 222 años de cárcel para los tres cabecillas de la trama y 175 para el resto de procesados. Independiente de lo que suman las penas, por el Código Penal, auque fueran condenados no cumplirían más de 20 años de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal les reclama que indemnicen a cada una de las 21 mujeres víctimas de esta red de trata en cantidades que van desde los 20.000 a los 35.000 euros en función del tiempo que “estuvieron sometidas a la red y a la efectiva práctica del comercio sexual”.