JAÉN, 21 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha aplazado hasta el mes de octubre el juicio a M.L.H.G., una farmacéutica de Jaén capital a la que el Ministerio Fiscal reclama cuatro años y medio de prisión, 2.400 euros de multa e indemnizar al SAS en 932.684,89 euros por supuestas facturas «infladas» a la Administración sanitaria andaluza.
No se sentará sola en el banquillo cuando finalmente lo haga el 13 de octubre, le acompañará la oftalmóloga A.P.R. a la que el Ministerio Fiscal reclama un año de prisión por un delito de estafa continuada.
A la oftalmóloga se le acusa de entregar a la farmacéutica acusada nueve recetas en las que se prescribía a sí misma un medicamento recetado a su madre en una consulta privada y que le era facilitado «a sabiendas de que no correspondía su financiación a través del sistema público».
El motivo de la suspensión del juicio previsto para este lunes ha sido por problemas de salud de la farmacéutica que le impedían estar presente los tres días que estaba previsto que durara la vista. Por ello, la Sección Tercera ha vuelto a señalar la vista para los próximos 13,14, y 15 de octubre.
Desde marzo de 2020 la Audiencia de Jaén está intentando celebrar este juicio fruto de la investigación que la Guardia Civil comenzó en el verano de 2016 sobre recetas «infladas» al SAS. Tras meses de pesquisas, la investigación se cerró descartando que hubiera un fraude generalizado por parte de las farmacias en la provincia de Jaén, pero sí se presentó acusación en dos casos concretos.
Uno de ellos se celebró en febrero de 2020 y acabó con la conformidad de un farmacéutico de Huelma (Jaén). La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén condenó a dos años de prisión al farmacéutico A.J.M.P. por «inflar» desde su farmacia las recetas del SAS. Además, se le condenó a dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, al pago de una multa de 960 euros y a indemnizar al SAS en 1.151.431,23 euros y en 5.500 euros al Colegio de Farmacéuticos.
El Ministerio Público recoge en su escrito al que ha accedido Europa Press que la farmacéutica «ideó un sistema para defraudar a la Administración Sanitaria de Andalucía, de tal manera que pudiera percibir cuantiosos ingresos económicos en la comercialización de medicamentos y productos sanitarios».
La actividad delictiva se fecha entre septiembre de 2012 y octubre de 2016. Todo «giraba en torno a la facturación de los importes correspondientes a los medicamentos y productos que debían dispensarse a través de las recetas oficiales de la Seguridad Social, amparando el acusado su impunidad en la creencia de que la Administración no dudaba de la eficacia de su sistema de control».
Así, «para conseguir su objetivo defraudatorio y de lucro ilícito, en las recetas electrónicas, «en muchas ocasiones, dispensaba sólo alguno o algunos de los medicamentos o productos prescritos, facturando, sin entregar, otros igualmente prescritos o no prescritos».
Además, en las recetas de papel, si estaban rellenas, «facturaba el importe de medicamentos o productos distintos y más caros que los prescritos» y si estaban en blanco «generaba como dispensado el que estimaba conveniente».
También, «en multitud de recetas, el médico no había prescrito el medicamento facturado y supuestamente dispensado y ni siquiera el paciente consignado había pasado consulta con el médico prescriptor».
Por todo ello, el Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento oficial y otro continuado de estafa.
OTRA CAUSA MÁS
La farmacéutica de la capital volverá a sentarse en el banquillo el 8 de noviembre de este año y lo hará por los mismos delitos. Fiscalía recoge que desde febrero de 2016 hasta abril de 2019, la acusada «maquinó» un nuevo sistema para defraudar a la Administración Sanitaria de Andalucía por el que «a partir de prescripciones médicas dirigidas a pacientes reales, falazmente elaboró ficticios cupones- precinto de los embalajes tanto de medicamentos como de otros productos sanitarios».
De esta manera se han localizado casi 4.100 cupones falsificados en recetas de pacientes en su gran mayoría en edad avanzada y residentes en centros sociosanitarios de Jaén, Granada y Almería, así como personas con algún tipo de discapacidad también ingresadas en centros especiales.
Los precintos falsificados se adherían supuestamente en las recetas electrónicas «sin que en modo alguno lo fueran para que figuraran facturados como dispensados al paciente» sino para «poderse remitir y facturar dichas recetas indebida y fraudulentamente al SAS».
Se calcula que con este sistema, según recoge el Ministerio Público, la acusada defraudó al SAS 358.323 euros mediante medicamentos y productos sanitarios no dispensados».
Por estos hechos, que se enjuiciarán en noviembre, Fiscalía le pide otros cuatro años y medio de cárcel, 2.400 euros de multa e indemnizar al SAS en 358.323 euros.
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