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Información de 4.000 centros en el mapa de servicios sociales más avanzado de España

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Sánchez Rubio informa del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales que blinda servicios y prestaciones reconocidas como derechos y facilita el acceso a los recursos


Andalucía dispone del mapa de servicios sociales más avanzado de España, con información de más de 4.000 centros de servicios sociales de carácter comunitario y especializado. El contenido del mapa se seguirá ampliando y mejorando de forma continua, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, de cuyo desarrollo ha informado en sede parlamentaria María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales.

En su intervención, ha indicado que el mapa se basa en un Entorno Web a través del cual se facilita el acceso a todos los datos e información relevantes acerca de los servicios y centros de servicios sociales de Andalucía, posibilitando su búsqueda y geolocalización de forma segura, ágil e intuitiva. Esta herramienta informática está disponible en el portal de servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Sánchez Rubio ha recalcado «la importancia del mapa» puesto que se irá ampliando con información actualizada de forma permanente sobre los recursos existentes. Además, incluirá la zonificación de los Servicios Sociales Comunitarios y el nivel de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales, como las Zonas Básicas de Servicios Sociales y las Áreas de Servicios Sociales.

El Mapa de Servicios Sociales se complementa con el Plan Estratégico de Servicios Sociales, cuya finalidad es programar las prestaciones, servicios, programas y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. «Este será el instrumento que fijará prioridades de cobertura en zonas donde haga falta crecer en recursos de carácter social», ha añadido la consejera.

El mapa es una de las novedades de la Ley de Servicios Sociales, una norma  «pionera» en cuanto que blinda servicios y prestaciones reconocidas como derechos, además de impulsar la transparencia y de facilitar a la ciudadanía el acceso a los recursos.

En su intervención sobre el desarrollo de esta ley, Sánchez Rubio ha destacado también el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que se está ultimando y está pendiente del informe preceptivo del pleno del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía. A este órgano superior de consulta y asesoramiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía también se ha referido la consejera y ha recordado que se aprobó por decreto en desarrollo de la ley.

La administración andaluza también ha regulado la función inspectora de los servicios sociales para mejorar el funcionamiento de estos recursos y la figura del concierto social, que establece la prioridad en la adjudicación de contratos a las entidades de la iniciativa social.

Sánchez Rubio ha hecho hincapié en otros instrumentos relevantes como la ‘Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas’, una iniciativa que contribuirá a mejorar la vida de un millón de personas residentes en alguna de las 99 zonas en las que se intervendrá, de forma prioritaria, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para ello, cuenta con una dotación presupuestaria superior a 169,5 millones de euros hasta 2020, aunque las acciones podrán ejecutarse hasta 2022 inclusive.

Otros instrumentos de la ley

Otras instrumentos que contempla la ley y a los que se ha referido son la Historia Social Única Electrónica, que integrará la gestión de los servicios sociales mejorando así la atención a la ciudadanía; la estrategia de investigación de los servicios sociales y varios protocolos de intervención y coordinación, uno de ellos para el acompañamiento personalizado a mujeres inmigrantes embarazadas en situación o riesgo de exclusión social en Andalucía.

A modo de cierre de la comparecencia, Sánchez Rubio ha recalcado que se trata de una ley «pionera» que reconoce y garantiza derechos universales que consolidan el sistema público de servicios sociales en Andalucía. De este modo, «desde el Gobierno autonómico seguimos trabajando y apostando por el fortalecimiento del cuarto pilar del Estado del Bienestar», ha concluido.


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