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Fomento trabaja en una Plan de Infraestructuras 2020-2027 que se ejecutará en plazo

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Carazo lamenta el bloqueo económico heredado y anuncia una auditoría de los proyectos de los metros y tranvías andaluces


La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha comparecido en la Comisión de Infraestructuras del Parlamento de Andalucía para presentar sus líneas estratégicas de trabajo en la presente legislatura. Carazo ha asegurado que, el objetivo de esta Consejería es aprobar, con el consenso de los sectores implicados, un Plan de Infraestructuras para garantizar la vertebración territorial, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico, siempre en un marco de garantía jurídica.

La consejera ha indicado que ya se trabaja en un Plan de Infraestructuras 2020-2027 que, «por primera vez en la historia de la democracia andaluza, se formule, se ejecute y finalice en plazo». Un plan, ha explicado, cimentado en una sólida base financiera con una programación realista. El objetivo es evitar que se repita el escaso nivel de ejecución de los gobiernos anteriores. De los 117,46 millones de euros previstos para el ejercicio de 2018, sólo se han ejecutado 36,02 millones. «Han dejado escapar 81,44 millones de euros sólo en infraestructuras de esta Consejería»

La prioridad será acabar los proyectos viales y ferroviarios empezados y paralizados hasta ahora; gastar lo presupuestado gracias a una gestión eficaz y ofrecer la máxima transparencia. Para ello, esta Consejería baraja la opción de la colaboración público-privada, un sistema que podría permitir dinamizar proyectos de gran escala en la comunidad.

Carazo también anunció que la Consejería pondrá en marcha una auditoría interna para conocer al detalle los proyectos de los metros y tranvías de la comunidad, desde la adjudicación de los proyectos hasta la firma de los contratos de explotación.

Este diagnóstico permitirá conocer con exactitud el coste de estas infraestructuras después de que se haya conocido que, por ejemplo, el Metro de Sevilla costó más del doble de lo previsto después de sumar la indemnización (de 162 millones con intereses de demora incluidos) que por orden judicial tendrá que pagar la Consejería. Así, el coste de la línea 1 ha pasado de los 428 millones iniciales a 892 millones reales. En el caso del Metro de Granada, el coste de explotación ha superado con creces las previsiones de gasto realizadas por el anterior Gobierno para 2019, en concreto, de 15,4 a 21,5 millones de euros.

La falta de previsión del anterior Gobierno ha hipotecado las cuentas, ya que los créditos autofinanciados no coinciden con las necesidades reales de este departamento para este 2019. Un informe sobre la situación financiera recoge partidas que no tienen cabida en el vigente presupuesto por importe de 579 millones de euros, por lo que la Consejería se encuentra en una situación de bloqueo económico. Mientras no se resuelven los traspasos con Hacienda para estas cantidades -que ya se ha solicitado-, no se podrá tramitar ningún expediente nuevo en 2019 sin la autorización de la Dirección General de Presupuestos.

El pago de los préstamos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) van a suponer este año un importe de 56,6 millones que ni siquiera tienen reflejo en los presupuestos vigentes, que sólo contemplan una partida de 10,36 millones. Pero es más, la Agencia de Obra Pública se enfrenta, a partir de este año 2019, al primer pago de 72 millones de un préstamo que condicionará las cuentas de esta agencia hasta el año 2031.

En cuanto a los proyectos ferroviarios, la intención de la Consejería es terminar cuanto antes el tramo del metro que discurre por el centro de la capital malagueña. Para la consejera, «urge devolver la normalidad al corazón de la ciudad después de tantas molestias para los malagueños».

Por otra parte, como explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la pasada semana, la voluntad es aplazar por el momento la llegada del metro al Hospital Civil y apostar por el estudio de la prolongación del suburbano hasta la barriada de Campanillas y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), trazado que la Consejería empezará a analizar cuanto antes para contribuir a paliar los problemas de acceso a la tecnópolis.

Carazo ha indicado que su departamento se ha puesto en marcha ya para acordar con la sociedad concesionaria y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la modificación o renegociación del contrato actual, consensuando sus términos jurídicos y económicos. «Hay voluntad de encontrar fórmulas que satisfagan a todas las partes», ha insistido.

En cuanto al Metro de Sevilla, se estudiará el borrador de protocolo firmado entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento para la financiación de las obras del tramo de la futura línea 3 de metro comprendido entre el Prado de San Sebastián y Pino Montano. Además, y tras ocho años en un cajón, se actualizarán los tres proyectos de ejecución de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla (que datan de 2011) porque la voluntad del Gobierno andaluz es la de impulsar la Red, priorizando las líneas 2 y 3.

La conservación de carreteras va a ser una de las banderas a enarbolar tras comprobar que en la última década la inversión cayó más de la mitad. Pasó de 200 millones de euros en 2008 a 85,5 millones en 2018. Se va a acometer con carácter de urgencia la licitación de contratos de conservación para 28 tramos de la red autonómica de carreteras y se ha dado instrucciones para la redacción de los pliegos de los nuevos contratos.

En cuanto a Vivienda, Marifrán Carazo ha informado de que ha dado orden de mejorar el funcionamiento y hacer más eficaces los Registros de Demandantes a efectos de su actualización para que sean realmente una herramienta transparente y útil y, en definitiva, para que no supongan un freno a los propios demandantes de vivienda y a los promotores. Igualmente, se estudiará la implantación de criterios homogéneos para su gestión por parte de todos los ayuntamientos.

La consejera se ha comprometido a seguir impulsando con los promotores públicos y privados la construcción de viviendas para el alquiler y a relanzar la vivienda protegida en venta extendiendo el programa a toda Andalucía. Asimismo, se ha mostrado sensible ante los retrasos en la concesión de las ayudas al alquiler, que ya se encuentran en la fase final de su tramitación. Se abonarán, por tanto, en un breve plazo.

En cuanto a Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo ha dicho que acometerá una revisión profunda de la legislación urbanística andaluza para cumplir con los objetivos expuestos de simplificación y agilización administrativa, para adoptar decisiones que perduren desde el punto de vista técnico, legal; para dotar de mayor seguridad jurídica; para facilitar las inversiones en nuestra comunidad; para eliminar burocracia; para darle mayor autonomía a los ayuntamientos y por supuesto, para unificar y armonizar toda la legislación urbanística dispersa.

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