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El Gobierno de Andalucía destinará 140 millones de euros a reforzar la I+D+i andaluza durante 2021

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Velasco destaca que entre 2019 y 2021 la capacidad de gasto de las universidades se sitúa 1.530 millones anuales (773 más que de 2016 a 2018) y el gasto en personal subió un 13%


La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades invertirá en este ejercicio 2021 un montante de 140 millones de euros para reforzar la I+D+i andaluza, a través de ocho líneas de incentivos a universidades y entidades públicas y privadas de investigación. El consejero Rogelio Velasco así lo ha anunciado en el Pleno del Parlamento andaluz en su comparecencia para dar cuenta del actual curso universitario, en la que ha subrayado que “las universidades son espacios seguros para la salud de estudiantes, docentes e investigadores y personal administrativo y de servicios”.

Velasco ha asegurado que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto que “la inversión en I+D+I es esencial para garantizar el bienestar, el progreso y el desarrollo de la sociedad”. De ahí que, a su juicio, la nueva realidad “exija la introducción de medidas extraordinarias que promuevan el talento, la investigación y la innovación como motores del desarrollo”.

No obstante, ha remarcado que desde el inicio de la legislatura el impulso del sistema andaluz del conocimiento ha constituido un objetivo prioritario, al que se ha destinado en los dos últimos años un total de 251,1 millones de euros. Ese esfuerzo presupuestario ha contribuido, según ha indicado, a incrementar en 2019 la inversión andaluza en I+D un 4% con respecto a 2018, con un volumen que se sitúa en 1.538,4 millones. “Esta cifra convierte a Andalucía en la tercera región a nivel nacional en términos absolutos solo por detrás de Madrid y Cataluña”, ha precisado el consejero de Transformación Económica. No obstante, ha explicado que estas cifras siguen aún lejos de los referentes europeos, ya que “entre los años 2010 y 2018 el gasto en I+D+i respecto al PIB fue reduciéndose progresivamente, pasando del 1,1% al 0,91%”, para añadir que “esa tendencia ha comenzado a revertirse a partir de 2019”.

Por otro lado, Rogelio Velasco ha explicado que la docencia se está impartiendo de manera telemática en la práctica totalidad de las universidades públicas andaluzas, mientras que las prácticas se siguen desarrollando de forma presencial. En lo que respecta a las pruebas de evaluación, ha señalado que cada centro universitario ha optado por la modalidad que mejor se adapta a su situación particular. En cualquier caso, ha reiterado que “son las autoridades sanitarias las que, ante esta situación excepcional, evalúan el riesgo que la evolución de la pandemia tiene para la salud de la población y deciden las recomendaciones o prohibiciones a implantar”. En ese sentido, ha afirmado que, si no existe prohibición expresa de suspensión de la actividad presencial por parte de dichas autoridades sanitarias, son las universidades las que, “en ejercicio de su autonomía”, deciden la modalidad docente y de examen a desarrollar.

Financiación y ordenación de las enseñanzas

Velasco ha subrayado que su departamento ha realizado “un gran esfuerzo por fortalecer a las universidades públicas andaluzas” y dotarlas con una financiación que les permita la mejora de la calidad y el fomento de la excelencia en la formación académica, a pesar de que el último año “ha sido un periodo de decisiones difíciles debido a la pandemia”. “Hemos tenido que tomar medidas dolorosas para atender una situación de emergencia inédita, en la que las universidades públicas andaluzas han sabido ejercer la solidaridad y responsabilidad”, ha dicho.

En su intervención, ha explicado que entre 2019 y 2021 la Junta está facilitando que las universidades tengan una capacidad de gasto medio anual situado en los 1.530 millones, lo que supone 773 millones más que lo recibido en el periodo 2016-2018, en el que se destinó un promedio de 1.272 millones al año. A su juicio, “esta diferencia se debe en gran medida al esfuerzo de gestión que se ha venido realizando”.

Asimismo, el titular de Transformación Económica ha hecho alusión al incremento superior al 13% experimentado por los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla de las universidades. Entre 2018 y 2020, el presupuesto dedicado a este capítulo de personal ha subido 166 millones de euros, permitiendo “incrementar los sueldos, cumplir los compromisos con la recuperación de derechos del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios de las universidades, abonar el complemento autonómico o atender al acuerdo alcanzado de limitar la dedicación docente máxima a 24 créditos”, ha añadido. Pero, sobre todo, ha hecho posible en estos dos años aumentar en 1.151 el número de personas que componen la plantilla del sistema universitario y reducir de esa manera la ratio alumno-profesor.

Por otro lado, Velasco ha apuntado que tanto la reforma del modelo de financiación universitaria como el decreto de ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias se materializarán este año. El nuevo modelo tiene como objetivo conferir mayor estabilidad y certidumbre al sistema público universitario, explorando nuevas fórmulas con las que dotar de mayor eficiencia al uso de los recursos disponibles. Para ello introduce entre sus principales novedades la de vincular los incentivos al rendimiento y la excelencia, aunque garantizando en todo momento la suficiencia económica. El consejero ha puntualizado que en los próximos días se mantendrá un encuentro con los rectores que permitirá iniciar el proceso de tramitación hasta su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno en esta primavera.

En cuanto al decreto de ordenación de las nuevas enseñanzas, Rogelio Velasco ha incidido en que el documento pueda estar tramitado en los próximos meses, para lo que se contará con la aportación de las universidades. Con esta medida se pretende diseñar una planificación plurianual que permita que la oferta de estudios universitarios en Andalucía sea coherente y responda a las demandas del tejido económico y social andaluz, máxime cuando la actual oferta fue definida en 2010.

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