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El Gobierno andaluz hará un diagnóstico sobre la brecha de género en educación, salud y empleo

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La consejera de Igualdad señala que este análisis será un primer paso hacia el II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres


La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado que su departamento está trabajando en la «realización de un diagnóstico actual sobre la situación de la brecha de género en Andalucía en ámbitos como educación, salud, bienestar, empleo y corresponsabilidad, entre otros». Este análisis es el primer paso para la elaboración del borrador del documento base del II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Rocío Ruiz ha incidido que «esta fotografía actual de la realidad de las mujeres en Andalucía nos permitirá obtener información de su situación real y actual, así como detectar los problemas, necesidades y nuevos retos, y otros persistentes tras la ejecución del I Plan Estratégico». No en vano, el último gran diagnóstico que se realizó al respecto data de 2010.

Rocío Ruiz ha avanzado que «estamos diseñando la constitución de los comités directivo y técnico, así como del proceso participativo de los agentes implicados». Un proceso que duró más de dos años para la elaboración del I Plan Estratégico, caduco desde 2013.

La consejera ha advertido de que se trata de un plan complejo y ambicioso que requerirá tiempo, porque «la metodología participativa así lo requiere», ha puntualizado. Pero también porque «las acciones del anterior Gobierno en este campo fueron nulas», ha denunciado. Asimismo, Rocío Ruiz ha destacado que, en primer lugar, el Ejecutivo andaluz va a modificar el acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de junio de 2018 que aprobó iniciar la elaboración del II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, estando la reforma de la Ley de Igualdad de Género en su trámite parlamentario y que, finalmente, sería aprobada el 26 de septiembre del pasado año, ya que dicho acuerdo ha quedado desfasado para adaptarlo a lo que establece la nueva norma. La consejera ha asegurado que la obligada reformulación del acuerdo de Consejo de Gobierno «refleja la mala previsión y planificación del anterior Gobierno».

El nuevo documento contará con la participación de las entidades locales e incorporará entre sus líneas directrices una estrategia de apoyo a las mujeres en el ámbito rural. Además, Ruiz ha adelantado que apostará por una planificación estratégica novedosa. Así, el próximo Plan marcará una serie de líneas de intervención y directrices que orientarán a cada una de las consejerías, así como a las entidades locales, en la aprobación de sus respectivos planes de igualdad. Todo ello bajo el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en lo referido al proceso de elaboración de sus propios planes y en lo relativo a la adecuación de sus contenidos a las líneas y directrices previstas en el Plan Estratégico de Igualdad.

Participación constante

La consejera se ha comprometido a que la participación sea una constante en todo el proceso de elaboración. Así, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación contará con personas expertas en género no vinculadas al plan para su evaluación externa y con un comité científico que aportará conocimiento y buenas prácticas en la materia correspondiente.

Dispondrá también de un comité técnico formado por personal técnico del IAM, el Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP) como oficina de apoyo a la evaluación de políticas públicas y agentes sociales implicados como asociaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios. Por último, escuchará a las entidades locales representadas en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), además de a las asociaciones de mujeres, representadas en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), con más de 2.300 entidades.

Ruiz ha destacado que la implicación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres «va a facilitar el conocimiento de las necesidades e intereses de la ciudadanía, pero también va a permitir tener en cuenta las situaciones de desigualdad causadas por diversos factores sociales e identitarios además del género, como la edad, ruralidad, origen étnico, discapacidad u orientación sexual, entre otros».

La consejera ha puesto en valor los avances logrados durante estos últimos años, aunque ha señalado que «es una prioridad para este Gobierno pasar de esa igualdad formal y legalmente establecida a la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres».

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