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El empleo de las personas con discapacidad, una prioridad hacia la que orientar fondos y esfuerzos

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El Gobierno andaluz tiene previsto actualizar la normativa de los incentivos para fomentar el empleo del colectivo y mayor presencia en la empresa ordinaria


La Junta de Andalucía es consciente de la desventaja que afronta el colectivo de personas con discapacidad, por lo que su integración sociolaboral es una prioridad hacia la que orientar recursos y esfuerzos. En este sentido, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo desarrolla políticas relacionadas con la orientación, asesoramiento, la formación profesional ocupacional, los centros especiales de empleo o incentivos al empleo que permiten a las personas con discapacidad disponer de mejores posibilidades de acceso al mercado laboral.

Durante el pasado año 15.486 personas con discapacidad siguieron un Itinerario Personalizado de Inserción en la red Andalucía Orienta, de las cuales alrededor de 4.000 participaron en el programa de Acompañamiento a la Inserción, dirigido exclusivamente a las personas con discapacidad, que permite el seguimiento directo de estas personas, tras su inserción en el mercado laboral, durante un período de seis meses.

El papel de la formación enfocada al empleo es clave para la inserción laboral de las personas con discapacidad, un colectivo especialmente vulnerable en el mercado laboral, propiciando empleos de calidad, asociados a contratos laborales estables, a altos niveles de productividad y a inversión y formación continua en el puesto de trabajo.

Pese a que se incrementa la contratación de las personas con discapacidad, su presencia en las empresas ordinarias es aún exigua, como también lo es su escasa participación en el mercado de trabajo, con tasas de inactividad que superan los 40 puntos porcentuales respecto a la población en edad de trabajar. Según los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), referidos a 2017, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en edad de trabajar es del 30,4%, y la tasa de ocupación se sitúa en el 20,1%, 35 puntos porcentuales inferior a la tasa de ocupación de la población sin discapacidad en edad laboral.

Por ello, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo tiene previsto actualizar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias, con el objetivo de facilitar su gestión simplificando las cargas documentales de estas entidades. Al mismo tiempo, está previsto iniciar la tramitación de una nueva orden reguladora de la inscripción y calificación de los centros especiales, que clarifique este proceso.

Los centros especiales de empleo son empresas que cuentan con una plantilla compuesta como mínimo por un 70% de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. En Andalucía, hay calificados un total de 345 centros especiales de empleo, que cuentan con una plantilla de alrededor de 13.000 personas.

La norma reguladora, publicada en febrero de 2017, establece las subvenciones públicas dirigidas al fomento del empleo de las personas con discapacidad, en régimen tanto de concurrencia competitiva como no competitiva, y establece también medidas para favorecer el tránsito del mercado protegido al ordinario. En total, consta de siete líneas de ayudas, que alcanzaron un presupuesto de 55,4 millones de euros en la última convocatoria.

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