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El Consejo se opone a la proposición de ley del PP-A sobre la financiación de las entidades locales

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El Gobierno andaluz también ha manifiesta su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de Protección de los Animales del Grupo Podemos Andalucía

El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía con el fin de incrementar la financiación prevista en esta norma.

Esta propuesta es prácticamente idéntica a otra sobre la que el Consejo ya manifestó su criterio negativo el pasado 20 de marzo, con la única diferencia sustancial del cambio de fecha de entrada en vigor para evitar el rechazo a la tramitación por implicar aumento de gasto o disminución de ingresos en el presente ejercicio presupuestario. Por tanto, el Ejecutivo andaluz considera que siguen vigentes los argumentos que entonces basaron su oposición a la toma en consideración.

A juicio del Consejo de Gobierno, el texto pasa por alto que Andalucía es actualmente una de las comunidades autónomas que más financiación incondicionada destina a las entidades locales, pese a que la normativa estatal de estabilidad presupuestaria vigente desde 2012 ha impedido el desarrollo previsto en la ley de la Patrica y una demora en la consecución de sus objetivos.

Al igual que la anterior proposición, la nueva presentada por el Grupo Popular pretende compensar a los ayuntamientos elevando hasta los 600 millones de euros la dotación anual de la Patrica y fijando una cantidad adicional. Pero el Consejo recuerda que, en tanto no se produzca una reforma de la regla de gasto impuesta por las normas estatales de estabilidad, cualquier posible aumento de este fondo no puede destinarse a incrementar los recursos de los municipios en la prestación de servicios, sino a la amortización de deuda. Dicha regla impide incluso a los ayuntamientos hacer uso de sus propios superávits para dedicarlos a inversiones y al desarrollo de sus políticas.

En su acuerdo de criterio contrario, el Ejecutivo reitera que Andalucía figura entre las primeras comunidades autónomas por financiación local incondicionada, que respeta las decisiones y prioridades de gasto de los municipios. Asimismo, la Junta garantiza a los ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos, la Patrica, a través de un fondo anual de 480 millones de euros que suma desde 2011 más de 3.780. Esta cantidad no ha podido actualizarse –como está previsto en su ley reguladora– debido a los objetivos de estabilidad impuestos por el Gobierno central.

Además de la Patrica, el Gobierno andaluz destina otros recursos a las entidades locales, hasta sumar un total de 1.139 millones de euros en el presupuesto autonómico de 2018 (un 7,8% más que el ejercicio anterior).

Según establece el reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en el ejercicio en curso.

Proposición de Ley de Protección de los Animales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de Protección de los Animales presentada por el Grupo Podemos Andalucía. El Ejecutivo considera que el texto coincide en gran parte con el contenido de la legislación autonómica vigente en esta materia, integrada básicamente por la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, la 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres y la 5/1998 de Perros Guía. No obstante, también señala su finalidad recaudatoria, la falta de consenso con los sectores afectados y la invasión de otros ámbitos normativos, como el de la ganadería, la cultura o la protección de menores.

En relación con la actual Ley de Protección de los Animales, la regulación planteada por Podemos es prácticamente la misma en aspectos como las obligaciones de las personas propietarias, el bienestar en las filmaciones o en el transporte, el acceso a establecimientos públicos, los requisitos para exposiciones y concursos, la retención temporal, las campañas de divulgación o la cooperación administrativa.

La proposición también incluye previsiones que, como las referidas al bienestar de los animales de compañía o a los perros de asistencia para personas con discapacidad, ya están recogidas en sendos proyectos de ley que actualmente elabora la Junta.

El Ejecutivo autonómico expresa su disconformidad en relación con otras propuestas que figuran en el texto de Podemos. De este modo, considera que la asociación que se establece entre ganadería intensiva y «maltrato animal» no refleja la realidad de un importante sector de la economía andaluza ni su producción de alimentos seguros y de calidad ni su adaptación a los estándares de la Unión Europea.

La proposición también recoge prohibiciones ajenas al ámbito de la protección animal, como de la de impedir la participación y asistencia de menores de 18 años en festejos, pruebas, entrenamientos y clases prácticas con reses de lidia de las escuelas taurinas autorizadas, o la de no permitir la emisión de contenidos audiovisuales relacionados con la tauromaquia en medios de comunicación de titularidad pública durante el horario general de protección infantil.

Por otra parte, el texto presentado indica que su aplicación no supondría un coste económico para la Administración autonómica, debido a los ingresos que reportaría el aumento de las sanciones tipificadas y de las cuantías de las sanciones (en algunos casos más del triple de las actuales). En este punto, el Gobierno andaluz recuerda que el procedimiento administrativo sancionador en esta materia no puede tener una finalidad recaudatoria, sino que ha de centrarse en garantizar la protección y el bienestar de los animales.

El Consejo de Gobierno señala también la vaguedad y confusión de muchas de las definiciones planteadas, que en algunos casos contradicen a las recogidas en otras leyes y que en la práctica pueden dificultar y complicar la gestión administrativa de la protección animal.

Finalmente, el Ejecutivo pone de manifiesto que la proposición sólo ha contado con el consenso de las organizaciones animalistas, dejando fuera de la participación a sectores fundamentales que se verían afectados, como las asociaciones de venta de animales, los facultativos veterinarios, los profesionales de la ganadería o la agroindustria orientada a la producción alimentaria.

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