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El Consejo Consultivo duplicó sus dictámenes sobre anteproyectos de ley en 2017

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Jiménez Barrios subraya el apoyo a esta «institución imprescindible para la mejora de la actividad administrativa»


El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha informado en la comisión parlamentaria de Presidencia sobre la Memoria del Consejo Consultivo de Andalucía  (CCA) de 2017. Según ha indicado, durante el último año, este órgano ha celebrado 33 comisiones permanentes y tres ponencias de régimen interior, así como nueve plenos por los que han pasado 12 anteproyectos de ley, el doble que en 2016. Entre otros, se han visto los anteproyectos de Cambio Climático, de Cine en Andalucía, de medidas contra la violencia de género, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018 o para la promoción de una vida saludable.

En su intervención, el vicepresidente ha señalado que el Consejo Consultivo dispuso de algo más de 3,7 millones de euros de presupuesto en 2017, un año en el que se registró un aumento del 5% en las solicitudes de dictámenes procedentes de las  administraciones de la comunidad autónoma. Así, ha explicado que, si en 2016 se contabilizaron 884 entradas, el pasado ejercicio la cifra subió hasta los 930, lo que refuerza su labor «como garante de la calidad legislativa y los derechos de los ciudadanos».

Jiménez Barrios también ha resaltado que hubo unanimidad en el 94% de los 764 dictámenes que se emitieron por parte de los miembros del CCA, mientras que en el 6% restante salieron adelante por mayoría. Asimismo, ha destacado el alto grado de seguimiento de las administraciones consultantes a las resoluciones  emitidas. En el 95,54% de los casos las administraciones se muestran de acuerdo, mientras que en el 4,46% la administración decidió apartarse de su dictamen.

Atendiendo al organismo solicitante, el vicepresidente ha subrayado que la Administración autonómica sigue copando la mayoría de las consultas (53,66%), seguida de la local, con el 45,68%. En el primer caso, ha indicado que el Servicio Andaluz de Salud y las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Salud son las más activas. En cuanto a las administraciones locales, el Ayuntamiento de Málaga es el que más consultas formula. Respecto a las provincias solicitantes, como en años anteriores, se mantiene a la cabeza Málaga, con el 27%, seguida de Sevilla, con el 19%, y Cádiz (14%).

Por otra parte, se ha referido a las responsabilidades patrimoniales que son las indemnizaciones que solicitan los particulares por lesiones a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En su intervención, ha indicado que estas suponen más de la mitad de los asuntos que llegan hasta el CCA (55%), si bien, ha señalado que hay que tener en cuenta que solo un 15% de estos casos se estiman (66 dictámenes de 421), al no poder demostrarse que haya una relación causal entre el daño y la actividad de la administración.

La otra mitad de asuntos, según ha explicado, se distribuyen entre revisiones de oficio (23%) y contratación administrativa (11%). El vicepresidente ha resaltado que urbanismo apenas supone ya el 3,6% de los casos, la cifra más baja desde el año 2001.

En cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno así como en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, el CCA ha recibido 12 solicitudes de información.

El vicepresidente ha concluido resaltando la autonomía orgánica y funcional del órgano consultivo que «emite sus dictámenes y adopta sus decisiones con total independencia y libertad de criterio». En este sentido, ha recordado que está integrado por juristas de reconocido prestigio y designados por criterios de capacidad y mérito, cuya labor, de carácter exclusivamente técnico, está presidida por los principios de independencia, apoliticidad, imparcialidad y neutralidad.

Finalmente, lo ha calificado como «institución imprescindible para la mejora de la actividad administrativa y la preservación de los derechos» de la ciudadanía y ha destacado que el Gobierno andaluz lo defiende y apoya en el ejercicio de su trabajo diario.


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