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Cultura modifica su estructura para mejorar la eficacia en la atención a los colectivos

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El Consejo de Gobierno asigna a la Secretaría General de Patrimonio tres competencias adscritas a Innovación Cultural


El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de modificación del decreto 108/2019 que establece la estructura de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Esta modificación pretende optimizar el funcionamiento de los distintos órganos directivos centrales y establecer una distribución más adecuada de las competencias atribuidas a cada uno de ellos.

El objetivo de estos cambios es clarificar y mejorar la eficacia de sus competencias, para plasmar una adecuada adscripción de las distintas unidades, servicios y entidades de la Consejería y dar así una mejor respuesta a las necesidades de los colectivos culturales de Andalucía.

De esta forma, la Secretaría General de Patrimonio Cultural pasa a tener adscritas las relaciones con el Consorcio Centro Federico García Lorca y la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, dado que entre sus fines fundacionales se encuentran la difusión y puesta en valor del rico patrimonio histórico-artístico de Al-Andalus.

Igualmente, a la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental se le han reasignado las competencias en relación con las fundaciones y consorcios en el ámbito del patrimonio cultural y todas las relacionadas sobre el Centro de Documentación Musical de Andalucía y sobre el Centro de Documentación del Flamenco, que hasta ahora estaban encuadradas en la Secretaría General de Innovación Cultural y Museos.

Por último, debido a la evolución que han experimentado las distintas modificaciones artísticas, aquellas expresiones culturales que tradicionalmente se englobaban bajo el término ‘artes plásticas’ han sido modificadas bajo la denominación ‘artes visuales’.

Con estas modificaciones, el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno cumple con los principios de buena regulación, necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia y, además, no conlleva la restricción de derechos de las personas, al tiempo que establece las medidas imprescindibles para cumplir su finalidad sin generar nuevas cargas administrativas, además de justificar los objetivos que persigue.

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