Susana Díaz preside la firma de un acuerdo con sindicatos y empresarios contra la precariedad laboral con 11 ejes de actuación hasta finales de 2019
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha valorado que Andalucía lidera la inversión autonómica en empleo de calidad, con 542,44 millones de euros hasta finales de 2019 para «dar estabilidad y calidad al empleo» en el ámbito de las competencias autonómicas y para «reforzar la negociación colectiva». Díaz ha hecho estas consideraciones tras presidir la firma del Acuerdo por la Calidad y Estabilidad en el Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva en Andalucía, suscrito por el Gobierno andaluz con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A, que recoge la citada inversión autonómica con la que acometer medidas para reducir el desempleo, luchar contra la precariedad y proteger los derechos de los trabajadores.
La presidenta ha agradecido a empresarios y sindicatos su compromiso «por la calidad y estabilidad en el empleo, de la mano de la negociación colectiva», de tal forma que los trabajadores «noten que la crisis también pasa para ellos» y recuperan derechos. Según Susana Díaz, la gente «tiene que sentir» la recuperación que apuntan las grandes cifras macroeconómicas, que prevén un crecimiento del 3% en 2018, un aumento de las exportaciones en este ejercicio, por encima de los 31.000 millones alcanzados en 2017, o alcanzar por segundo año un «récord histórico» en el PIB andaluz. Todo ello se suma a los 500.000 parados menos y los 400.000 ocupados más conseguidos desde que Díaz es presidenta.
Firma del nuevo acuerdo del Gobierno andaluz con sindicatos y patronal.
Estas buenas previsiones son fruto de la «estabilidad, la confianza y el clima atractivo a la inversión que genera Andalucía» y deben llegar también a «las personas», un compromiso que plasma el Gobierno andaluz en el acuerdo suscrito este miércoles 18 de julio. La recuperación de poder adquisitivo de los trabajadores, el apoyo a medidas como el Bono Joven, el aumento de la estabilidad en el empleo, generando seguridad y confianza; la salud laboral o la conciliación y la igualdad entre hombres y mujeres son algunos de los aspectos que se recogen en el acuerdo, según la presidenta.
Susana Díaz ha defendido además la importancia de la negociación colectiva, que es un asunto que «demandan» los trabajadores y que las empresas «reivindican» porque saben que es «fundamental» para la seguridad de sus negocios. La presidenta de la Junta ha incidido en su apuesta por la reforma de la Formación Profesional, para que sea «ágil», se adapte a las necesidades del mercado laboral y pueda ser un instrumento que contribuya al «salto definitivo y cualitativo» que la comunidad está en condiciones de dar.
«Andalucía es una fortaleza en el ámbito aeronáutico, el agroalimentario, la investigación biomédica y también en las energías renovables», ha asegurado la presidenta, que ha apostado por acompasar la formación de los trabajadores para liderar la «revolución 4.0 que definitivamente dará estabilidad, calidad y seguridad» a la economía andaluza en el futuro y la hará más capaz de resistir mejor los envites de posibles crisis.
El documento suscrito por Junta, empresarios y sindicatos recoge en sus once ejes iniciativas para el refuerzo y adecuación de las políticas activas de empleo; actuaciones y ayudas concretas para reducir el paro y fomentar la estabilidad en los contratos; programas de mejora de la salud laboral, o la defensa de un nuevo modelo formativo, entre otras.
El acuerdo, que ha sido firmado por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero; las secretarias generales en Andalucía de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Carmen Castilla, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, es fruto del diálogo social abierto en el mes de junio de 2017 a través de la Mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo. Este proceso supuso la formación de cuatro mesas técnicas (seguridad laboral, políticas activas de empleo, formación y negociación colectiva), de las que se obtuvieron como conclusión 173 medidas y que, un año después, han propiciado esta batería de actuaciones que se desarrollarán hasta finales de 2019, periodo de vigencia del convenio.
El bloque con mayor aportación presupuestaria, 339 millones de euros, prácticamente el 62% del compromiso financiero, es el dedicado a la «aprobación y el impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad», que apuesta por medidas que favorezcan la reducción del desempleo y la puesta en marcha de incentivos económicos a la contratación estable. En este apartado también se comprometen los firmantes al desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos, el desarrollo de prácticas no laborales y ayudas a la contratación de los jóvenes como el Bono Empleo.
La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha algunas de las medidas incluidas en este bloque, como los incentivos a la contratación estable y el Bono Empleo, cuya convocatoria se publicó en BOJA la pasada semana y que cuenta con un presupuesto de 74 millones de euros. Entre las ayudas de esta convocatoria, se incluyen incentivos que pueden alcanzar hasta 12.100 euros por contrato estable, o los 6.000 euros por la contratación de un joven que cumpla con las condiciones del programa Bono Empleo.
Políticas activas de empleo
El segundo capítulo con mayor dotación presupuestaria, 159,45 millones de euros, es el destinado a la «adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral». En este punto se acuerda desde la puesta en marcha de un procedimiento de recualificación de los trabajadores en los sectores más afectados por la crisis, hasta el desarrollo de prácticas profesionales y planes integrales de formación e inserción en colaboración con las principales organizaciones empresariales de carácter sectorial.
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La adaptación de los servicios de orientación profesional; programas para parados de larga duración; el refuerzo de los servicios de asesoramiento al trabajo autónomo y la economía social, o medidas de fomento del empleo para demandantes que sufren algún tipo de discapacidad son otras líneas de actuación que componen este bloque, en el que los agentes sociales y la Junta también se comprometen a «reclamar al Gobierno central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo que perjudican a las personas desempleadas que residen en territorios con mayor tasa de paro y mayores dificultades de inserción».
Nuevo modelo formativo
Otro eje importante del acuerdo, dotado con 35 millones de euros, es la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo adaptado a las demandas del tejido productivo, especialmente en los sectores aeronáuticos y naval en Andalucía y a los nuevos perfiles relacionados con los procesos de digitalización de la economía.
Con este objetivo se pondrá en marcha previamente, y de manera conjunta con los agentes económicos y sociales, un sistema de detección de las necesidades formativas para mejorar los canales de transferencia de conocimiento. También se instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional para el Empleo.
Asimismo, la Consejería fortalecerá el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y mejorará la calidad de este servicio púbico, para lo que se reforzarán los recursos tecnológicos e infraestructuras con una partida de seis millones de euros, dentro de la ejecución de un Sistema de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. El SAE elaborará para ello una encuesta sobre la calidad del empleo, el tipo de contratación, los sectores y la actividad donde se desarrollan los contratos, entre otros aspectos.
1,1 millones para el plan de negociación colectiva
El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021), con 1,13 millones de euros de presupuesto. Con esta actuación se busca reactivar la negociación pendiente o desfasada, fomentar la incorporación de la mujer a los procesos negociadores y facilitar la formación especializada de las personas implicadas. En este sentido, se ha convenido afianzar el diálogo y la concertación social para establecer acciones que generen empleo estable y de calidad, con especial hincapié en aquellos colectivos más desfavorecidos y castigados por la crisis económica.
El acuerdo incluye el desarrollo de un plan de refuerzo de la negociación colectiva.
Por otro lado, el pacto recoge que se instará al Gobierno central para que refuerce los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente y constituyendo Unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas, como instrumento necesario para la lucha contra la siniestralidad laboral.
Además, la Junta se ha comprometido a desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, que cuenta con una inversión de unos 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral.
Dentro de este mismo ámbito de la salud laboral, se realizará un análisis periódico de la siniestralidad laboral en todos los sectores, especialmente en la construcción y la agricultura, para la planificación de campañas específicas; se desarrollará anualmente el Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL, y se reforzará la figura del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
También se destinarán 600.000 euros a la puesta en marcha con una periodicidad anual de una campaña de sensibilización en seguridad y salud laboral, para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y sensibilizar a la sociedad andaluza sobre cultura preventiva. Por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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