Desciende el número de menores atendidos en centros gracias al modelo preventivo y de acogimiento familiar
Andalucía ha invertido 673 millones en los dos primeros años de aplicación del II Plan de Infancia y Adolescencia, según ha informado en Comisión Parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Durante su intervención, la consejera ha resaltado que «una vez que el Plan ha comenzado su andadura, necesitamos seguir reflexionando y obtener información sobre el proceso de su implantación para, en caso de necesidad, introducir las modificaciones pertinentes. Por eso, nos encontramos inmersos en una evaluación intermedia. Por tanto, se trata de un plan dinámico, que nos permite conocer la opinión de profesionales sobre cada una de las líneas estratégicas y cada medida, así como realizar la interpretación global de los resultados y la definición del marco estratégico 2018-2020».
Sánchez Rubio ha destacado que «la Junta de Andalucía va a seguir priorizando la inversión en las políticas de atención de calidad a la infancia y defendiendo el compromiso de que esté en el centro de las decisiones».
Ha subrayado que este documento «establece un nuevo marco para la cooperación y coordinación entre instituciones, entidades y agentes comprometidos con los derechos de la infancia, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño». «El II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía cuenta con medidas transversales en toda la Junta, que propicia la presencia y la participación de la infancia en los asuntos públicos», ha informado la consejera.
En este sentido, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha reiterado que «el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 garantizará la inclusión de la perspectiva de los menores en las políticas públicas y reforzará las medidas para garantizar sus derechos y evitar situaciones de exclusión social».
Esta estrategia se estructura en cinco grandes programas relativos a la salud y el bienestar emocional; la seguridad y la reducción de desigualdades; el fomento de la convivencia escolar y la igualdad de género; la promoción de la participación, y la cohesión social en el marco familiar. Además de estas cinco grandes áreas de acción, el plan cuenta con 17 líneas estratégicas, 90 medidas y 203 indicadores de evaluación.
Entre las medidas anunciadas por la consejera tras la puesta en marcha del II Plan se encuentra la elaboración de un «Plan de prevención, detección y atención temprana dirigido a niños y niñas entre 0 y 6 años» o la Ampliación del Programa de Atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de la violencia de género, con un servicio psicológico especializado en violencia sexual.
Apuesta por el acogimiento familiar
Entre las novedades recogidas destaca la previsión de eliminar progresivamente el acogimiento residencial de los menores de 12 años, sustituyéndolo por el familiar. Sánchez Rubio ha detallado que la comunidad andaluza ha experimentado un descenso en el número de tutelas y, por tanto, de menores acogidos en centros de protección gracias al modelo de atención a la infancia basado en la prevención y el apoyo a las familias impulsado por la Junta de Andalucía a través del sistema de acogimiento familiar.
«Somos conscientes de que en el entorno familiar es donde mejor se adquiere y desarrolla el vínculo afectivo, conformándose los patrones de apego tan necesarios para el desarrollo emocional y social del menor y donde los menores se convierten en personas estables y dotadas de confianza en sí mismas», ha reconocido la consejera.
Hay diferentes modalidades de acogimiento familiar de urgencia, temporal, permanente, y especializado, que se llevan a cabo mediante programas concertados con Entidades Colaboradoras de Integración Familiar (Icif) por una inversión anual de algo más de 3,5 millones de euros. Así, en 2017 se ha atendido a 3.212 menores en acogimiento (1.092 en familia ajena y 2.120 con familia extensa) y a 2.929 familias acogedoras (1.105 ajenas y 1.824 extensas).
En su intervención, la consejera ha reconocido y ha agradecido a las familias acogedoras «la importante labor que realizan» y en la que cuentan con apoyo de la Junta. En este sentido, ha recordado que se ha actualizado la orden que regula las prestaciones económicas para familias acogedoras aumentando las cuantías según se trate de acogimiento de urgencia, especializado y temporal, además de simplificar su gestión. El coste anual de esta prestación es de algo más de 11,5 millones de euros. Por otra parte, también se ha editado la Guía Acoger, Adoptar, Ayudar, como un instrumento informativo dirigido a todas las personas que quieran conocer cómo ayudar a los menores del sistema de protección. También en este marco la consejera se ha referido al Plan Siempre en Familia, que constituye un eje de trabajo para fomentar una alternativa familiar a los menores del sistema de protección.
Otros instrumentos
Sánchez Rubio ha enumerado otros instrumentos impulsados por su Departamento con el fin de prestar apoyo a las familias acogedoras. En este contexto, ha indicado que se han realizado encuestas a familias acogedoras para conocer de primera mano la atención que les prestan las Entidades Colaboradoras. Con la información obtenida se elaborarán protocolos para optimizar las intervenciones de los profesionales, en función de las necesidades de las familias y de los menores.
Otras actuaciones que se han llevado a cabo son el Encuentro de Familias Acogedoras, con la asistencia de 400 adultos y 300 niños y niñas; la constitución de la Plataforma de Asociaciones de Familias Acogedoras de Andalucía; la elaboración de un Manual sobre Valoración de Idoneidad para el acogimiento familiar, y la puesta en marcha de la Web Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras.
«Además, en estos momentos estamos trabajando conjuntamente un documento propuesta sobre el Estatuto para las Familias Acogedoras. La finalidad de dicho documento es realizar un reconocimiento institucional y social a las mismas como figura clave en el acogimiento familiar y facilitar la labor que llevan a cabo en la atención a los menores del sistema de protección. En el Estatuto se incorporarán los derechos de las familias acogedoras, los deberes de las familias y la promoción de la iniciativa social como representantes de las familias acogedoras», ha subrayado la consejera.
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