CEUTA, 22 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Ceuta ha trasladado al Juzgado de Guardia las diligencias incoadas a raíz de la denuncia presentada por el Área de Menores de la Ciudad Autónoma contra un vigilante de seguridad por supuestamente desnudar y golpear a dos menores extranjeros no acompañados después de que intentasen fugarse del albergue provisional de Piniers.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en este centro, uno de los equipamientos de emergencia acondicionados por el Ejecutivo local para dar cabida a los cerca de mil niños y adolescentes marroquíes que se ha visto obligado a albergar tras la crisis fronteriza migratoria desatada por el país vecino a mediados de mayo.
Desde la Administración autonómica han confirmado a Europa Press que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia del albergue ha prescindido del trabajador y fuentes judiciales han precisado que se le investiga por un presunto delito contra la integridad moral de los menores, relativo a quien, «abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales».
El Código Penal prevé para este tipo de comportamientos, cuando son cometidos por autoridades o funcionarios de centros de protección o corrección de menores, penas de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave y de uno a tres años de cárcel en caso de que no, así como inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.
La Ciudad Autónoma acoge desde hace un mes a algo más de 800 niños y adolescentes migrantes solos marroquíes en los módulos prefabricados del albergue provisional de Piniers, el polideportivo Santa Amelia, dos naves de los polígonos comerciales del Tarajal y los bajos del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha urgido al Estado a dar solución a la «insostenible» situación de la ciudad con la expulsión de los adultos y la reagrupación familiar en el país vecino de los menores marroquíes que accedieron irregularmente a territorio español entre el 17 y el 19 de mayo y todavía permanecen en ella, cuyo número se cifra en unas 3.000 personas.
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