SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)
La coordinadora general de Más País en Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado que su formación estudia recurrir al Grupo de Los Verdes-Alianza Libre Europea para elevar a las instituciones europeas el proyecto de nueva Ley autonómica de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), promovido por el Ejecutivo autonómico del PP y Cs, al considerar que tal regulación está diseñada «a la medida de buitres del ladrillo, especuladores urbanísticos y constructores sin escrúpulos».
Esperanza Gómez ha señalado el reciente debate celebrado en el Parlamento de Andalucía y saldado con la apertura a la tramitación del mencionado proyecto de nueva ley autonómica. Después de que en una primera votación del texto el Parlamento devolviese el mismo al Ejecutivo del PP y Cs al prosperar la enmienda a la totalidad planteada por el entonces Grupo de Adelante, pues Vox se abstuvo ante dicha enmienda a la totalidad y el PSOE la apoyó, esta vez la enmienda a la totalidad de la coalición de izquierdas fue tumbada al abstenerse el PSOE ante la misma y votar en contra Vox junto a PP y Cs.
Esta futura nueva ley está destinada a relevar a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Ley de Ordenación del Territorio, para simplificar e integrar según el Gobierno andaluz en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como para «agilizar» los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y su proceso de tramitación y aprobación, «reduciendo plazos y trámites a la hora de planificar el urbanismo», siempre según PP y Cs.
Pero Esperanza Gómez avisa de que dicha regulación, aplaudida por las patronales, implica «evidentes riesgos para nuestro entorno, al ser una norma a la medida de buitres del ladrillo, especuladores urbanísticos y constructores sin escrúpulos, que va contra los ejes marco de los nuevos programas estratégicos de la Unión Europea».
«BULA ADMINISTRATIVA»
Esperanza Gómez ha explicado así que su formación está dando los pasos necesarios para «elevar al Parlamento Europeo el debate sobre la fiscalización y los límites que desde lo público se deben reservar para la gestión del territorio, mecanismos de control que la Ley del Gobierno del PP se cargará de un plumazo permitiendo ‘bula administrativa’ para acabar con zonas de interés medioambiental».
En palabras de Esperanza Gómez, «tras 40 años de PSOE, con la Lista el PP es el ‘Caballo de Troya’ perfecto para terminar de desarmar legalmente a la administración frente a la enorme influencia de las constructoras y su gula urbanística, que durante décadas ha tratado a nuestra tierra como mero solar del que extraer plusvalías millonarias a partir de pelotazos, sin dejar rédito real en desarrollo, en empleo o igualdad social, y a costa de muchas zonas que eran únicas en nuestro litoral, montes o áreas urbanas».
La también coportavoz federal de Más País observa en el articulado de la Lista, que según el Gobierno andaluz reducirá de diez a un año y medio la tramitación de los PGOU, «una obscena apuesta por desregular el urbanismo y poner al servicio del mejor postor la urbanización del cualquier suelo, a pesar de que ese modelo se desmoronó en 2008 con fatales consecuencias económicas para la ciudadanía y éticas para las administraciones, porque es el germen de la corrupción que ha asolado a todo el Estado».
«URBANISMO A LA CARTA»
Esperanza Gómez señala especialmente «la reducción entre suelo rústico y urbanizable y a la figura de ‘Actuación de Transformación Urbanística’, que aunque aprobarán los ayuntamientos podrá presentar la iniciativa privada, las perversiones que más atentan contra la gestión del territorio en pro del bien común, abriendo la puerta a un urbanismo a la carta de intereses privados y prácticamente sin posibilidad de control».
La nueva ley, según avisa, «permitirá que continúe la urbanización sin control del territorio andaluz, especialmente el litoral y zonas singulares, a pesar de la enorme bolsa de vivienda vacía de la que disponemos actualmente y sufriendo las secuelas ambientales, la degeneración del territorio y la dispersión del modelo de ciudad, imposible de gestionar y financiar sus servicios públicos, que tan bien conocemos en Andalucía».
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