CÁDIZ, 24 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía ha acordado aceptar el pago de los 534,30 millones de euros que el Gobierno central adeudaba a Andalucía desde julio de 2019 en concepto del denominado ‘mes 13’ del IVA correspondiente al ejercicio 2017 a cambio de desistir del procedimiento judicial que planteó sobre esta cuestión.
La administración central exigió a cambio del pago al Gobierno andaluz que remita al Ministerio de Hacienda antes del 1 de febrero un acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se disponga que dicha medida permite dar satisfacción a todas las reivindicaciones de la comunidad, se recoja el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial y, en caso de que exista un proceso judicial en curso, como es el caso de Andalucía, se comprometa a desistir del mismo.
Ese acuerdo del Consejo de Gobierno se ha producido este mismo lunes, durante la reunión del mismo en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado cuenta de él, valorando la resolución de esta cuestión.
«Al final hemos conseguido por la vía de la reclamación y la reivindicación algo que corresponden a Andalucía, 534 millones del que el Gobierno central tendría que haber transferido en el año 2019, y que en ningún momento hemos renunciado a ello», según Moreno, quien ha agregado que el asunto se tuvo que llevar a los tribunales porque era claramente de justicia. Ha destacado el compromiso y la insistencia de su Gobierno para que Andalucía recibiera ese dinero.
En su opinión, esto debería llevar a una reflexión al Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que evitar que sus decisiones, que a veces «tienen un tinte partidista», supongan un «castigo para los propios contribuyentes, además de un tiempo y de recursos que han sido perdidos».
EFECTO NEGATIVO DE LA PÉRDIDA
El 1 de julio de 2017 entró en vigor el Real Decreto 596/2016, mediante el cual se aprobó la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) para el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que ampliaba el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones desde los 20 hasta los 30 primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en su Informe Mensual de Recaudación Tributaria de diciembre de 2017, estimaba una pérdida de recaudación líquida por IVA de 4.150 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, fruto de la recaudación de once mensualidades en lugar de doce. «El perjuicio causado para Andalucía se cifró en 534,30 millones, cantidad a la que hay que sumar los intereses de demora», según ha explicado la Junta en una nota.
Añade que la recaudación por IVA es uno de los recursos con los que cuenta el sistema de financiación autonómica, de manera que la pérdida registrada causó un efecto negativo en las comunidades, que se puso de manifiesto en julio de 2019, fecha en la que correspondía la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2017, pero que, sin embargo, el Gobierno estatal no llegó a compensar.
En febrero de 2020 la Consejería de Hacienda y Financiación Europea formuló un requerimiento para que le abonase esa cuantía, que fue desestimado por el Gobierno central. Fruto de esa situación de bloqueo, el Gobierno andaluz interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, con fecha 13 de mayo de 2020, para reclamar el pago del IVA adeudado.
Tras el pronunciamiento de Tribunal Supremo a través de dos sentencias a recursos planteados por las comunidades autónomas de Castilla y León y de Galicia, se incluye una disposición adicional en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en virtud de la cual se establece una compensación a las comunidades de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de Información para el IVA en la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica de 2017.
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