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Hacienda hace públicas los informes de auditoría de sus entes instrumentales

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SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha hecho públicos los informes íntegros de auditoría relativos a los entes que tiene bajo su competencia y que son el resultado del análisis al que ha sido sometido todo el sector instrumental de administración regional.

En dichos análisis, y en relación a Veiasa, empresa responsable de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), los auditores reflejan, entre otras cuestiones, que la productividad de la empresa “ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años que se revierte durante el ejercicio 2020”, con una productividad que crece actualmente por encima del 18% y que “es posible medir gracias a las mejoras implementadas por la actual dirección”, según detalla en una nota de prensa la Consejería.

En anteriores legislaturas, Veiasa llevó a cabo un plan de expansión que supuso la apertura de 18 nuevas estaciones de ITV, sin que fuesen solicitados, ni dotados los puestos necesarios para su funcionamiento, “generando con ello problemas de atención a las demandas de inspección de vehículos”.

El informe alude a una “incorrecta política de personal” que, no obstante, considera que está siendo corregida por la actual dirección de la entidad, a través de la utilización de fórmulas distintas de contratación y la creación de una nueva bolsa de trabajadores eventuales.

En relación a Cetursa, el informe considera que existe “desproporcionalidad del coste del personal respecto a los costes operativos”.

Estos costes se han incrementado “año a año” hasta alcanzar el 60% de los costes operativos de la estación de esquí de Sierra Nevada, gestionada por Cetursa, un porcentaje “que llama significativamente la atención” si se compara con el resto de las estaciones españolas, donde el peso del coste de los medios humanos ronda el 40%.

Asimismo, los auditores recomiendan que “Cetursa debería fomentar la aprobación de un convenio colectivo único” frente a los cuatro que presenta y además ven conveniente “analizar” y “revisar” el marco legal de las relaciones laborales en una empresa que, según su análisis, tiene “potencial de mejora”.

En este sentido, la empresa actualmente tiene en marcha un proceso de negociación con la representación laboral de los trabajadores para reconducir el asunto nuclear que refleja la auditoria operativa.

Respecto a la Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (Iehpa), los informes establecen que “cumple eficazmente con sus objetivos estatutarios con un elevado grado de coherencia entre sus objetivos presupuestarios y sus objetivos fundacionales”, considerándolo como “un activo intangible, no existiendo recursos similares en el sector privado, lo cual justifica su condición de medio propio”.

Sin embargo, también han detectado “solapamientos” y “duplicidades” en cuanto a determinadas funciones respecto de la consejería matriz.

LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, “ENTE IDÓNEO”

Por otro lado, según las conclusiones de las auditorías, la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), adscrita a las Consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior, y de Hacienda y Financiación Europea, “se configura como el ente idóneo para la realización y desarrollo de las políticas públicas en materia de energía”.

De esta forma, “la agencia jugará un papel decisivo en el nuevo contexto de modernización de la administración pública”, como la que actualmente desempeña el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), homólogo a nivel estatal de funciones que desarrolla la AAE. Así pues, se ha convertido en uno de los pilares de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, junto con la experiencia en sistemas de colaboración público-privada, que la AAE tiene consolidado en su modelo de gestión.

PLAN DE MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL

En general, las recomendaciones de los auditores constituyen un diagnóstico sin carácter vinculante que deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes auditados.

Estas recomendaciones servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases.

El contrato para elaborar este plan se licitó por 3 millones de euros y se adjudicó finalmente por un importe de 1,7 millones.

La adjudicación está a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ya que ha sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas.

Una vez que se disponga de este Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, que será llevado al Consejo de Gobierno, se conocerá el alcance concreto de las medidas, como, por ejemplo, a cuántas quedarán reducidas finalmente las entidades instrumentales, cuál será su número de trabajadores y a cuánto ascenderá el ahorro anual.