SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox, y las abstenciones de los diputados no adscritos expulsados de Adelante, el decreto ley de la Junta que recoge las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de una línea de subvenciones dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generado durante la pandemia.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Es la norma para aplicar en Andalucía las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 5/2021, aprobado por el Gobierno de España el pasado 12 de marzo, que ha asignado 1.109 millones de euros a la comunidad autónoma, el 15,8% de los 7.000 millones distribuidos entre las regiones, según subrayó la Junta tras su aprobación.
Las subvenciones se dirigen a empresas y autónomos encuadrados en una relación de actividades económicas (CNAE) que, entre otras condiciones a cumplir, no hayan declarado pérdidas en 2019 y sus operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 con respecto a 2019.
En su defensa ante el Pleno, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha expuesto que se trata de ayudas con carácter finalista, es decir, que deben ser justificadas por el beneficiario, y deberán aplicarse para satisfacer deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, tanto financieros como no financieros, generadas entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, y que se vayan a pagar a partir del 1 de junio de 2021.
La cuantía potencial a percibir, calculada como exceso de la caída del 30% en las operaciones de IVA, oscila entre 3.000 y 200.000 euros. El importe subvencionado se calculará en función de la caída de su facturación y número de trabajadores de la empresa, más o menos de diez.
Los solicitantes de estas subvenciones han de tener sede en Andalucía, deben estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda, y no encontrarse en concurso de acreedores. Tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad, no el empleo, hasta el 30 de junio de 2022.
La consejera ha reiterado que la Junta trata de dar «la mayor agilidad posible» a la tramitación para cumplir así con los plazos establecidos en la norma redactada por el Gobierno de España, y resolver así las solicitudes antes del 31 de diciembre de 2021.
Blanco ha sostenido que, por «lealtad institucional, la Junta de Andalucía va a cumplir sus obligaciones y dar soporte económico» al decreto-ley del Gobierno, mientras que ha esgrimido que se trata de «una buena idea pésimamente diseñada», en referencia al Real Decreto 5/21 del Gobierno.
PSOE: HAN USADO ESTE INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN COMO CONFRONTACIÓN
La diputada del PSOE Noelia Ruiz ha defendido que el Decreto-ley 5/2021 del Gobierno «pone en evidencia distintas formas de salir de esta situación excepcional», y ha reprochado al Gobierno andaluz que «han usado este instrumento de cooperación entre administraciones como arma de confrontación».
Ruiz ha defendido que los criterios usados por el Gobierno andaluz «son los utilizados por la Comisión Europea», así como que Andalucía, con los 1.109 millones de euros que recibe, concentra el 22% de los 5.000 millones previstos por el Gobierno. «Ya pueden hacer las cuentas que hagan», ha remachado, antes de proclamar que «esta tierra no merece el Gobierno indolente como el que nos gobierna».
El diputado del PP-A Erik Domínguez ha argumentado que el Parlamento debe apoyar este decreto «por responsabilidad», porque, «mientras una sola empresa pueda acogerse» a las ayudas que éste regula, el Gobierno andaluz «debe acogerse» a las mismas, y ha subrayado que por parte de los partidos que sustentan el Ejecutivo de la Junta se van a «esforzar» por que éstas «lleguen a las máximas» empresas posibles pese a la «amalgama de requisitos que ponen» desde el Gobierno, que lo ha puesto «muy difícil», según ha apostillado, a la vez que ha remarcado que «no son ayudas directas, sino subvenciones».
La portavoz adjunta de Cs, Mónica Moreno, ha sostenido que «el Real Decreto 5/21 del Gobierno llega tarde», al tiempo que ha subrayado «la responsabilidad y la diligencia» de la Consejería de Empleo por el hecho de destinar 6,2 millones de euros para la contratación de 100 interinos para «la gestión de ayudas complicadísimas que el Ministerio les ha endosado a las comunidades autónomas».
Moreno ha exclamado por «estas ayudas tan buenas que se hayan diseñado tan rematadamente mal», para concluir que «una de cada 12 empresas se podrá beneficiar», y lamentarse de que «cientos de miles de autónomos están esperando soluciones, no trabas».
Por parte de Adelante, la parlamentaria Carmen Barranco ha subrayado al inicio de su intervención que es el «momento de ayudar a las empresas por el impacto económico» que ha generado la crisis de la Covid-19, y ha defendido que el reparto por parte del Gobierno de los fondos de los que parte este decreto es «justo con Andalucía» pese a las «críticas» de la Junta al Ejecutivo central que la diputada ha afeado a PP-A y Cs, que «han estado desde el inicio de la crisis solicitando este paquete de medidas» por las que ahora protesta el Gobierno andaluz, según ha lamentado antes de reprochar a los partidos que sustentan al Ejecutivo que «parecen adolescentes en plena época de pubertad», ya que «ni comen ni dejan comer».
La parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha reprochado las ayudas previstas por el Gobierno para Andalucía por considerarla «una campaña de publicidad engañosa», así como por el hecho de «dar la espalda a los españoles sistemáticamente con medidas deficientes».
Mulas ha retratado «los enormes defectos técnicos» del Decreto-ley del Gobierno, por lo que ha apuntado que «traslada a las comunidades el coste de la gestión de las subvenciones», y que uno de sus problemas técnicos es que «confunde el criterio de caja y de devengo».
«Han dejado muchas actividades económicas fuera», ha afirmado la diputada de Vox, que ha reclamado a la Junta de Andalucía que «tenemos que conseguir que lleguen lo antes posible», en referencia a las subvenciones.
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