MELILLA, 16 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un empresario y a tres personas de su confianza tras acusarlos de un presunto de caso de explotación laboral de ciudadanos extranjeros, concretamente trabajadores del sector de la construcción con jornadas diarias de diez horas sin contrato, a cambio de 300 euros mensuales.
Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la intervención ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) que se ha saldado con el arresto de los cuatro hombres de nacionalidad española.
La citada fuente ha explicado que el inicio de la investigación data del mes de junio, cuando un ciudadano marroquí en situación administrativa irregular puso en conocimiento de las autoridades que había sufrido «un grave accidente laboral mientras trabajaba ilegalmente para un empresario de la construcción, el cual coaccionó al denunciante para que no revelase la verdad acerca de su lesión cuando fuese preguntado durante su asistencia facultativa, desentendiéndose de su situación una vez hubo salido del hospital», ha apuntado el portavoz.
Fruto de dicha denuncia y gracias a las gestiones de investigación derivadas de la misma, la Ucrif de la Jefatura Superior de Policía de Melilla pudo saber que el empresario en cuestión «empleaba de forma continua a trabajadores en diferentes obras, por lo que miembros de dicha unidad en colaboración con personal de la Inspección de Trabajo de Melilla, consiguieron identificar a cuatro víctimas en situación irregular, trabajando bajo la tutela de otro de los detenidos».
Merced a declaraciones de las víctimas, la Policía pudo determinar que el empresario detenido captaba a los trabajadores mediante un empleado de su confianza de entre las personas que diariamente se dan cita en una rotonda del extrarradio de Melilla, a la espera de ser empleados para la realización de trabajos de albañilería y menaje, e incluso internos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), por lo que se procedió a la detención del citado captador.
Como medida de seguridad, ha asegurado el portavoz policial, «el empresario aleccionaba a los trabajadores irregulares, para que diesen datos de filiación falsos, incluso los de su propio hijo, en caso de ser abordados durante su jornada laboral por las autoridades policiales o de la Inspección de Trabajo, con la finalidad de evitar las consecuencias dimanantes de tales contrataciones irregulares».
Al respecto, ha detallado que las condiciones laborales impuestas a las víctimas comprendían horarios de lunes a viernes de más de diez horas, y el sábado de 8,00 a 14,00 horas, sin mediar contrato de trabajo, adscripción a la Seguridad Social, ni ningún otro derecho reconocido legal y constitucionalmente en España, cobrando por ello la cantidad de 300 euros mensuales.
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