SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este domingo que el proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) y el Decreto-ley de Simplificación Administrativa «generarán nuevas oportunidades de negocio y empleo, fruto de la apuesta decidida de la Junta por impulsar la actividad económica y el crecimiento de Andalucía».
A juicio de la consejera, ambos textos legislativos «van a contribuir a la recuperación socioeconómica de la región ofreciendo nuevas posibilidades» al «favorecer» la creación de empresas vinculadas a la economía circular y «eliminar» trabas administrativas que «frenan el desarrollo sostenible de Andalucía», según ha trasladado la Junta en un comunicado.
Por ello, ha mantenido un encuentro con altos cargos y empleados públicos de su consejería que han participado en la elaboración de ambas normas para agradecer el «gran trabajo y esfuerzo» que han realizado para sacarlas adelante «y superar las limitaciones impuestas por el covid».
En este sentido, Crespo ha incidido en que la LECA situará a la comunidad andaluza a «la vanguardia de toda España», gracias a un «completo articulado» que «busca facilitar» la contribución de los municipios, de las empresas y de ciudadanos «en la transición hacia un desarrollo en el que confluyan nuevas oportunidades de riqueza, empleo y de protección ambiental».
A este respecto, la consejera ha explicado que el futuro de Andalucía pasa por una «apuesta firme» por la economía circular donde «darle una segunda vida útil al residuo sea motor de generación de nuevos negocios utilizándolos como subproductos que sean materia prima para otra actividad productiva».
«Este proyecto legislativo, que afronta ahora su tramitación parlamentaria, se levanta sobre tres pilares: la empresa como eje vertebrador, la sociedad como agente clave para materializar el cambio de modelo y la administración como fuerza impulsora», ha detallado.
150 MEDIDAS
Respecto al Decreto-ley de Simplificación Administrativa, Crespo ha destacado que su consejería aporta 150 medidas al texto normativo, que «está a la espera de ser convalidado por el Parlamento». «El objetivo de estas medidas es generar posibilidades económicas y poner fin a trabas burocráticas y duplicidades, a la par que preservamos las garantías medioambientales y, por supuesto, agrícolas», ha remarcado.
La consejera ha señalado, entre las medidas de simplificación aportadas por su departamento, que aquellos proyectos que se someten a la Declaración de Impacto Ambiental del Estado «ya no tendrán que obtener la Autorización Ambiental Unificada que emite la Junta de Andalucía».
«No tenemos que ser más restrictivos que a nivel nacional y, además, eliminamos duplicidades, lo que favorece que estos proyectos se hagan realidad generando riqueza y empleo», ha declarado.
Igualmente, ha hecho hincapié en que con el decreto de simplificación «se incentivan» inversiones dirigidas a la protección medioambiental de la región y a mejorar su patrimonio natural.
«Le damos a las empresas más posibilidades para compensar sus emisiones llevando a cabo, por ejemplo, labores de restauración ambiental en zonas afectadas por incendios forestales», ha apuntado, tras recalcar «la apuesta» de la Junta por «la colaboración público-privada para unir fuerzas en pro de Andalucía».
En el ámbito agrario, Crespo ha puesto el acento en que este decreto incluye la modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, «que permitirá a Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) continuar con la tramitación de su extensión de norma al incorporar la posibilidad de la aplicar sanciones».
«De esta forma, Andalucía contará con el marco jurídico adecuado para sacar adelante este mecanismo de regulación de los mercados en el que trabaja el sector hortofrutícola, una vez que el decreto supere el trámite parlamentario», ha indicado.
Completada la tramitación parlamentaria e implantada en Andalucía, la extensión de norma de Hortyfruta «hará posible la retirada de la segunda categoría de productos agroalimentarios, una demanda del sector que se remonta a una década atrás». «Esto es un acuerdo histórico que entre todos tenemos que avalar», ha enfatizado.
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