SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz la «urgencia» de aprobar cuanto antes la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista). Carazo ha destacado que esta nueva ley «acabará con la inseguridad jurídica» generada por la normativa actual que ha hecho que 19 años después de la aprobación de la LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, «el 77 por ciento de los municipios no tenga adaptados sus planes a esa normativa».
«La maraña de leyes vinculadas al Urbanismo en vez de ayudar a poner en marcha proyectos e iniciativas sólo ha servido para frenar las expectativas de crecimiento de los municipios», ha destacado Carazo, quien ha realizado estas afirmaciones en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular sobre planificación urbanística en Andalucía, y en la que ha puesto de manifiesto el «fracaso» de la LOUA.
«Esta ley, aprobada en el año 2002, tenía como objetivo que todos los municipios andaluces contaran con Plan General de Ordenación Urbanística adaptado a la Ley. Casi 20 años después, sólo el 23 por ciento de los municipios andaluces tienen su PGOU adaptado a la LOUA. El 77 por ciento no tienen su Plan General adaptado y, aún hoy, 490 municipios de Andalucía se encuentran en proceso de adaptación a la LOUA y 113 municipios, el 14,4 por ciento, no han iniciado siquiera el procedimiento de adaptación».
En concreto, la consejera ha destacado que en Almería tienen su Plan General adaptado sólo el 10,6 por ciento de los municipios; en Granada, el 16 por ciento; en Málaga, el 23 por ciento; en Sevilla, el 25,4 por ciento; en Cádiz, el 26,6 `por ciento; en Córdoba, el 53,2 por ciento; en Huelva, el 25 por ciento, y en Jaén, el 19,5 por ciento.
Carazo ha resaltado que esta situación ha sido provocada por «la maraña de leyes vinculadas al Urbanismo y a la Ordenación del Territorio que solo han servido para frenar las expectativas de crecimiento de los municipios». «Todo ello, ha dado lugar a una importante conflictividad judicial, con una cascada de planes generales anulados por motivos formales o de fondo. El Puerto de Santa María, Chiclana, Marbella, o Jaén o Almería son sólo un ejemplo. Casi 500 PGOU han sido anulados por los tribunales o se han visto afectados por los errores legislativos que en materia de medio ambiente se cometieron en la pasada legislatura, de tal forma que deben volver a iniciar su tramitación», ha subrayado.
Además, ha destacado que para agilizar y asesorar en la tramitación de Planes Generales se han constituido ya casi 60 mesas de trabajo con los ayuntamientos andaluces.
Ante esta situación, la consejera de Fomento ha recalcado la «necesidad y urgencia» de aprobar cuanto antes la nueva ley que aglutina la norma de urbanismo y ordenación del territorio, la Lista, «una ley que simplifica y aclara la normativa para que aporte seguridad jurídica», destacando que son numerosos los alcaldes y los agentes sociales que han manifestado «compartir» los objetivos del Gobierno andaluz de agilizar y reducir los plazos de tramitación que hagan posible que los planes generales «sean aprobados en dos años y medio y no en los diez de media que se tarda ahora».
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