SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha anunciado que este jueves el Gobierno andaluz ha cerrado un acuerdo por unanimidad con los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatuario y laboral de la Administración –CSIF, CCOO y UGT– sobre el contenido de la futura Ley de Función Pública de Andalucía. Ahora, el texto acordado se debatirá en las mesas sectoriales.
En comisión parlamentaria, Bendodo ha señalado este jueves que este acuerdo es «paso importantísimo para una ley muy necesaria», a la par que se ha mostrado convencido de que «con este respaldo alcanzado, todos los grupos políticos también aprobarán este texto» llegado el momento.
En el anteproyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía se ha partido de la premisa de que la ley nazca con el mayor consenso posible con las organizaciones sindicales, conscientes de la importancia del diálogo social en una materia de tal trascendencia y repercusión en la Administración andaluza.
Por ello, además de los trámites de consulta previa y de información pública, para la elaboración del texto se constituyeron cinco grupos de trabajo entre la Administración y los tres sindicatos con representación en la Mesa General, que comenzaron sus reuniones en noviembre de 2020 y mantuvieron 19 reuniones.
Tras ello, a partir del 3 de noviembre se celebraron otras nueve reuniones de la Mesa General para la negociación del anteproyecto de Ley, en las que la Administración y los sindicatos han expuesto y contrastado sus posiciones y criterios, exteriorizando sus ofertas y contraofertas en aras de un posible acuerdo, en un ejercicio de máximo diálogo social.
Así, el anteproyecto de Ley de la Función Pública ha sido objeto de un amplio y completo proceso negociador, que ha culminado con un acuerdo por unanimidad con CSIF, UGT y CCOO, organizaciones sindicales más representativas en el sector público andaluz.
NOVEDADES Y BENEFICIOS DE LA NUEVA REGULACIÓN
La futura ley regulará las potestades, por primera vez, en una norma autonómica de carácter general. La Ley opta por una regulación de las potestades públicas alineada con la jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo. Se trata de un concepto estricto, que otorgue seguridad jurídica y garantía a la actuación de los empleados públicos y al mismo tiempo flexible, de cara a permitir la colaboración del personal laboral en las funciones auxiliares que no supongan ejercicio estricto de potestades.
Asimismo, regulará la Dirección Pública Profesional para profesionalizar la dirección pública y lograr el mejor funcionamiento de la Administración. Los puestos de directivo público serán de dos clases, directivo alto cargo, nombrado por decreto de Consejo de Gobierno y rango de Dirección General o inferior; y directivo funcionario de carrera o laboral fijo, reservados a personal funcionario de carrera o laboral fijo y que dependerán de los puestos directivos alto cargo.
El nombramiento se realiza por cuatro años, con una única prórroga por el mismo tiempo; firmarán un acuerdo de gestión con los objetivos a cumplir, y serán periódicamente evaluados. Además, se seleccionarán en convocatoria pública y en base a los principios de idoneidad, mérito y capacidad, atendiendo a la valoración de capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas.
Del mismo modo, la futura Ley regulará el teletrabajo, desarrollará la carrera horizontal y en las ofertas de empleo público garantizará un 25% de plazas para la promoción interna. Entre otras medidas, se regulará la evaluación del desempeño; creará órganos permanentes para la selección del personal y regulará los concursos con una modalidad de abierto y permanente.
Entre otras novedades, se va a crear un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal y también se creará el Grupo B, al que se accederá con el título de Técnico Superior, en una clara apuesta por la formación profesional.
En cuanto a las medidas de carácter social, la futura Ley de Función Pública incluirá la aprobación de Planes de Igualdad, a la par que garantizará los medios para la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar.
También se garantiza expresamente la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y se incorporan los cupos de reserva del 10% para personas con discapacidad, una mejora considerable respecto a mínimos que marca la normativa estatal de carácter básico (7%).
- Te recomendamos -
