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Andalucía pide al Gobierno que cumpla su compromiso en la cofinanciación de plazas de ayudantes doctores

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SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha solicitado este miércoles al Gobierno central que cumpla sus compromisos en la cofinanciación de plazas de ayudantes doctores, al tiempo que ha reclamado más tiempo para analizar la propuesta del convenio sobre la implementación del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que ampara la incorporación de estos perfiles y que ha sido remitida a las comunidades para su evaluación.

Así lo ha explicitado el director general de Coordinación Universitaria, Lorenzo Salas, durante la reunión de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), a la que ha sido convocado, junto al resto de representantes de las comunidades. Este programa, que se desarrollará en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recoge la creación de 3.400 plazas de ayudantes doctores en el conjunto nacional a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. De ese cómputo global, 774 serían para Andalucía.

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Salas ha criticado que esa cifra de 774 «impuesta» por el Ministerio para el sistema público universitario andaluz no se corresponde con las peticiones realizadas por los rectores, que han cifrado sus necesidades en casi 900 plazas para afrontar la implantación de la LOSU en la comunidad. Precisamente, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ya remitió a finales de abril una carta a la ministra Diana Morant con esa propuesta. Ante esa «disparidad» en los números, la Consejería de Universidad ha pedido al Ministerio que «explique qué fuente han usado» ante el «temor» de que «lo recogido en el borrador de convenio no tenga una fuente objetiva y constatable».

En cualquier caso, el director general de Coordinación Universitaria ha remarcado que «las plazas del Ministerio no cubrirán las necesidades reales de las instituciones de educación superior de la región», que, según ha recordado, «pese a ser el primer sistema universitario público del Estado, dispondrán de menos contratos que Cataluña». «Andalucía, aún teniendo el primer sistema universitario, se encuentra en tercer lugar en la asignación de plazas», ha apostillado.

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Por otro lado, Lorenzo Salas ha exigido al Ministerio de Ciencia que cumpla con sus compromisos y no impute más responsabilidad financiera a las comunidades, que en la propuesta del Gobierno central pasan de asumir del 20% al 40%. «En todo este proceso, el Gobierno fijó la responsabilidad autonómica en un 33%, valor que pasó a un 20% en la reunión mantenida posteriormente entre el presidente Sánchez con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y que ahora se ha elevado hasta alcanzar el 40%», ha afirmado para añadir que, «en esa confusión de porcentajes, las comunidades salen perjudicadas».

Además de esta carga, «las regiones tienen la obligación de asumir con recursos propios la estabilización de este personal a lo largo de toda la vida laboral», ha lamentado Salas, quien ha hecho hincapié en el compromiso que mantiene Andalucía con el Personal Docente e Investigador (PDI).

Por todo ello, el director general de Coordinación Universitaria ha considerado que «esas cargas suponen un sobrecoste insostenible e inasumible» para las autonomías, sobre todo para Andalucía, que ya sufre una «infrafinanciación» de 1.500 millones de euros anuales y pese a lo cual continúa siendo la región que más recursos destina a educación superior en relación con su PIB, según ha expuesto.

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En todo caso, ha insistido en «la improvisación y oportunismo del Gobierno central con esta medida, orientada a subsanar el problema generado por ellos mismos con la LOSU», que, según ha explicado, «en poco más de un año lleva ya dos modificaciones importantes», en alusión a la reprogramación aplicada a los criterios del PDI o los nuevos criterios para la implantación de las universidades privadas.


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