MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha contestado esta tarde a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que «desde el primer momento ha respondido a las dudas de la Administración central» en el caso de Vivotecnia, el laboratorio de Tres Cantos donde supuestamente se han maltratado a decenas de animales, han indicado a Europa Press fuentes regionales.
Responden así a la carta que la ministra ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recrimina falta de información y colaboración entre las administraciones en el caso Vivotenia.
Además, el Gobierno regional ha señalado que desde el principio se han mostrado «colaboradores» con el Gobierno en ese asunto, como también con la Fiscalía y el Juzgado de Colmenar Viejo que instruye la causa, a los que se les ha remitido copia de toda la documentación y resoluciones dictadas.
Así, con fecha 9 de junio, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha recordado que dio respuesta vía email y por registro a la misiva recibida del Ministerio por parte del Director General de los Derechos de los Animales, en que se solicitaba información sobre la situación de los animales, por indicios de maltrato animal, y sobre las actuaciones del laboratorio en los ensayos clínicos realizados con animales.
En la misiva enviada por la Comunidad de Madrid se les dio cuenta de las inspecciones realizadas en colaboración con la Guardia Civil (SEPRONA) de manera conjunta y de las actuaciones inminentes puestas en marcha, como la suspensión temporal de la actividad del laboratorio, con fecha 9 de abril y la protección de los animales; «actividad que se reanudó el pasado 1 de junio tras comprobar que se habían implementado todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reprodujeran hechos como los que se conocieron», aseguran las mismas fuentes.
Entre las medidas solicitadas está la instalación de cámaras de seguridad en las salas de los animales, al efecto de llevar un control efectivo de todos los procedimientos que se realizan con ellos, así como la supervisión ‘in situ’ por una veterinaria, que informa diariamente a la Comunidad de Madrid de su estado, y de cualquier otra incidencia, esta medida fue adoptada por la Comunidad de Madrid 10 días antes de que se anunciase por el Ministerio que cambiaría la Ley para su establecimiento.
La Comunidad de Madrid ha aseverado que «actúo con inmediatez al conocer los hechos» y que todas las actuaciones realizadas se han hecho de manera coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se ha estado a disposición del Juzgado y de la Fiscalía en todo lo que nos han requerido.
EL JUZGADO DENEGÓ LAS CAUTELARES
Además, recuerdan que el juzgado denegó las medidas cautelares, incluida la de decomiso de los animales, solicitada por diversas asociaciones animalistas, y que la vía penal sigue abierta. Asimismo, la Comunidad sigue adelante con la sanción administrativa al laboratorio.
Asimismo, señala a la ministra que «no hay obligación de comunicar expedientes sancionadores como tal; lo único que hay es la previsión genérica, que citan en su carta, de las funciones que se atribuyen de coordinación».
En ese sentido, el Ejecutivo autonómico asegura que «se ha coordinado perfectamente» dando cuenta de todas las actuaciones al Ministerio, al tiempo que ha colaborado con la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción, «que son los que tienen las competencias para solventar dicha situación». Y recalcan que en caso de que el juzgado hubiera dictaminado que era necesaria la incautación de los animales, la Administración regional cuenta con centros e instalación para haber reubicado a los animales como el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, apuntan que el propio director general de Derechos de los Animales (CIAAM), Sergio Torres, en su cuenta de Twitter publicó, el pasado 11 de abril, un reconocimiento a la Comunidad en la que se felicitaba «por la pronta respuesta para proteger a los animales y poner en manos de la justicia la solución definitiva del caso».
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